Los retrocesos institucionales en este gobierno de Walter Cortés
Los retrocesos institucionales en Bariloche fueron el eje de una intervención encendida del concejal Juan Pablo Ferrari, quien expuso en diálogo con el periodista Sergio Fontana en el programa matutino que se emite en una cadena de radios y streaming. Se trata de una serie de situaciones que —según él— reflejan el deterioro del funcionamiento político y administrativo bajo la gestión del intendente Walter Cortés. Desde la acefalía en la Defensoría del Pueblo hasta la seguidilla de funcionarios denunciados, Ferrari fue tejiendo una crítica estructural, marcada por la preocupación y la experiencia propia.
Una relación quebrada entre el Ejecutivo y el Concejo
Ferrari no esquivó el tema: la relación entre el intendente Walter Cortés y el Concejo Deliberante está rota. “Cortés está enojado con nosotros porque supuestamente somos el palo en la rueda”, afirmó el edil de Juntos Somos Río Negro, dejando en claro que el oficialismo no acepta aportes ni propuestas que provengan del bloque opositor. Frente a esa tensión, Ferrari planteó que su espacio ejerce una “oposición responsable”, que no busca obstruir, sino mejorar lo que se presenta desde el Ejecutivo.
El conflicto institucional se visibiliza en cada tratamiento de proyectos. Ferrari señaló que muchas de las iniciativas impulsadas por el gobierno municipal fueron modificadas en el Concejo antes de ser aprobadas. “Lo que llega se reforma, se transforma, se mejora”, insistió. La idea de que la oposición actúa como un freno no se sostiene, según él, cuando son precisamente esos aportes los que terminan viabilizando las ordenanzas. La distancia no es ideológica, dice, sino de método: falta apertura, falta política, falta gestión.
Funcionarios denunciados, otro signo del desgaste
Al hablar sobre el estado de la administración municipal, Ferrari se detuvo en un punto crítico: la cantidad de funcionarios denunciados o apartados de sus cargos por distintos motivos. “Es llamativo que haya tantos funcionarios denunciados o hasta apartados por cuestiones extra laborales”, sostuvo con tono grave. Mencionó casos recientes, aunque evitó profundizar en nombres. Lo importante, explicó, no son las personas en sí, sino el patrón que se repite: cargos sensibles ocupados por figuras que luego deben ser desplazadas.
La justicia, subrayó, ha intervenido en varias oportunidades y emitido fallos en causas vinculadas a violencia de género o maltrato dentro del Estado municipal. La lógica de cubrir, silenciar o minimizar parece haberse instalado en la gestión. Ferrari se despegó de ese modelo: “Los funcionarios estamos de paso”, dijo, y remarcó que su deber es facilitar el trabajo de quienes realmente sostienen el funcionamiento diario del municipio.
Retrocesos institucionales visibles en cada área
Las denuncias por violencia institucional dentro de distintas dependencias del gobierno local fueron otro de los puntos que el concejal no dejó pasar. Aseguró que no se trata de casos aislados, sino de una situación generalizada: “Son muchas las áreas, son muchos los funcionarios”, lamentó. El conflicto con el SOYEM, las denuncias contra jefaturas, y la falta de respuestas concretas conforman un escenario que —según su visión— deja a Bariloche en un estado de vulnerabilidad interna.
“Con la salida de la funcionaria del área de Zoonosis y la llegada de Pablo Roque al área, se empezó a trabajar distinto”, afirmó, reconociendo que algunos cambios generaron alivio y orden. Pero el problema de fondo persiste. Lo que para Ferrari está en juego es la calidad del vínculo entre la política y el personal municipal. “No es normal que haya tantas denuncias”, reiteró. Y lo dijo no como opinión aislada, sino como síntoma de un modelo de conducción que ha provocado retrocesos institucionales graves en varias áreas sensibles del municipio.
Sin defensor del pueblo, sin defensa ciudadana
Entre todos los aspectos que Ferrari criticó, la acefalía de la Defensoría del Pueblo fue uno de los que más peso tuvo en su intervención. “Es un retroceso importante que estemos con la defensoría acéfala”, dijo, y responsabilizó directamente al oficialismo por no haber resuelto aún la designación de ese cargo clave. “Marcan los tiempos del oficialismo”, señaló con desdén, como dejando en claro que el problema no es técnico ni reglamentario, sino político.
En un Concejo dividido en seis bloques, el acuerdo no es sencillo. Pero Ferrari aclaró que su espacio no impuso candidatos propios y se mantuvo abierto a consensuar, precisamente para no romper el equilibrio. Lo preocupante, según él, es que ni siquiera eso bastó para que el gobierno avance en una solución. El resultado: una ciudad sin defensor del pueblo en funciones, en un contexto donde los vecinos están cada vez más desprotegidos frente a los abusos o ineficiencias del Estado.
La política sin equipos técnicos es solo discurso
Aunque pasó casi inadvertido, Ferrari dejó una línea clave para entender su visión de la gestión. Dijo que los funcionarios deben ser “herramientas para gestionar”, no protagonistas. Y en esa frase quedó claro lo que más le preocupa: la desvalorización del trabajo técnico, profesional, de los equipos que realmente conocen el territorio y las problemáticas sociales.
Habló desde su experiencia, con siete años en áreas sensibles como Desarrollo Social, Cultura y Deporte. En ese tiempo, explicó, aprendió que el contacto directo con los vecinos, la planificación y el trabajo sostenido de los equipos de calle son la única manera de sostener políticas públicas reales. Cuando esos equipos quedan desplazados por decisiones verticales o improvisadas, lo que se pierde es mucho más que eficacia: se pierde institucionalidad.
