La legisladora provincial de Río Negro, Magdalena Odarda, ha solicitado formalmente a la secretaria de Ambiente y Cambio Climático provincial, Judith Giménez, que debe explicar 170 millones de pesos. Estos fondos corresponden al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. La iniciativa busca asegurar la correcta aplicación de recursos vitales para la conservación ambiental en la provincia. Este pedido de informes se presenta como un paso fundamental hacia la transparencia en la gestión pública.
La necesidad de explicar 170 millones en detalle
El pedido de informes, respaldado por otros legisladores provinciales como José Luis Berros y Ayelén Spósito, apunta a esclarecer la situación de estos fondos. Se busca determinar si la provincia de Río Negro percibió los montos asignados para el año 2025. También se investiga si se cumplieron los requisitos administrativos para acceder a ellos. Finalmente, se indaga sobre la correcta ejecución de dichos recursos. La transparencia en este proceso es crucial para la ciudadanía.
La Resolución Nº 546/2024 del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) nacional estableció la distribución de estos fondos. La secretaria provincial Judith Giménez firmó esta resolución en representación de la provincia. Según el documento, Río Negro debía recibir al menos 142.435.153 pesos. A esto se sumaban 21.004.915 pesos por rendimientos acumulados de 2022 y 2023. Otros fondos adicionales también podrían corresponder.
La legisladora Odarda enfatizó la naturaleza obligatoria de estos recursos. “El Fondo de Bosques Nativos no es discrecional ni optativo”, afirmó. Es una obligación del Estado nacional y un derecho de las provincias con bosques. Estos fondos compensan servicios ambientales esenciales. Su correcta administración es vital para el ecosistema provincial.
El pedido de informes exige a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático provincial que precise si presentó solicitudes de financiamiento. Estas solicitudes incluyen proyectos de formulación, planes de manejo y conservación de bosques nativos. Se requiere además la nómina completa de los proyectos elevados a la autoridad nacional de aplicación de la Ley Nacional 26.331. Esto permitirá verificar la proactividad en la gestión.
También se solicita información sobre la carga y aprobación del Plan Estratégico Anual (PEA). Este plan corresponde a los años 2023 y 2024. Su registro en el Registro Nacional de Planes es un requisito indispensable. Sin él, el acceso a los fondos nacionales no es posible. La correcta gestión de estos trámites es fundamental.
Odarda advirtió sobre la gravedad de cualquier irregularidad. “No recibir estos fondos puede deberse a una falta de gestión o al incumplimiento de requisitos básicos”, señaló. Ambas situaciones son serias y requieren una explicación detallada. La comunidad espera respuestas claras y contundentes.
En caso de que los fondos hayan sido transferidos, se solicita la fecha de acreditación. También se pide la entidad bancaria y el destino de los recursos. Es fundamental conocer los programas financiados. Se debe detallar si se utilizaron para manejo, recuperación y protección de bosques nativos. Esto incluye salarios del personal del SPLIF provincial, insumos y maquinaria.
El pedido de informes exige precisiones sobre eventuales incumplimientos. Esto aplica tanto si los fondos no fueron percibidos como si ingresaron y no fueron ejecutados. Se solicita conocer las acciones adoptadas ante la autoridad nacional. También se pregunta por la intervención de la Fiscalía de Estado provincial. Finalmente, se busca identificar a los funcionarios responsables.
“En un contexto de incendios, crisis climática y abandono del financiamiento ambiental, no podemos permitir que recursos destinados a proteger nuestros bosques queden sin cobrar o sin ejecutar.
