Incorporar el Mapuzungun en la reforma de la Carta Orgánica

El sector político referenciado en el Frente La Izquierda de los Trabajadores (PTS – MST) oficializó su respaldo a la reforma de la Carta Orgánica, en su artículo 210, en el marco del proceso electivo para la convención constituyente de Bariloche. La propuesta, elaborada por las comunidades y organizaciones del espacio de articulación mapuche, fue asumida por la candidata Karina Rauque, quien considera urgente el reconocimiento pleno de la preexistencia étnica y la adecuación normativa del municipio.

Propuestas para la reforma de la Carta Orgánica

La iniciativa busca establecer transformaciones estructurales, incluyendo la consagración del mapuzungun como idioma oficial de la ciudad y la incorporación de principios de interculturalidad para el abordaje de los derechos territoriales. Al fundamentar su postura, la postulante destacó la concordancia entre estas demandas y la plataforma programática de su espacio político.

«Como integrante del colectivo y de esta izquierda que acompaña sus reivindicaciones, apoyamos la reforma del artículo 210 propuesta por el espacio de articulación mapuche», dijo Karina Rauque.

En relación con el alcance de la enmienda, la candidata enfatizó el valor de rescatar el trasfondo histórico del pueblo originario y la necesidad de una adecuación normativa integral. Rauque sostuvo que la propuesta busca un reconocimiento profundo sobre la historia regional y los derechos territoriales.

«Reconoce su preexistencia como pueblo, reconoce que fuimos víctimas de un genocidio; reconoce los derechos de la Mapu como espacio territorial que cobija tanto a seres tangibles y no tangibles», agregó.

El pronunciamiento incluyó una advertencia sobre la conflictividad social en la región. Ante la posibilidad de medidas de fuerza estatales contra las comunidades Quintriqueo y Lof Melo, la referente política exigió una rápida intervención de las autoridades locales y provinciales para evitar el avance de estas acciones. Rauque solicitó que el gobierno municipal, el concejo y la legislatura se pronuncien formalmente para impedir el desalojo o las medidas de fuerza contra los territorios en conflicto, buscando así garantizar la paz social y el respeto a los derechos indígenas.