El Poder Judicial implementa inteligencia artificial para proteger datos personales en sus procesos, marcando un avance significativo hacia la modernización y la transparencia institucional. Esta herramienta, integrada en el sistema Puma, permite la anonimización automática de documentos judiciales, reemplazando los antiguos mecanismos manuales que resultaban ineficientes.
El sistema ahora detecta automáticamente nombres, documentos, CUIL y otros datos sensibles, proponiendo una versión anonimizada que cada organismo puede supervisar. Si bien su uso no es obligatorio para la totalidad de los documentos, se establece como un pilar fundamental para cumplir con los estándares de privacidad.
El Poder Judicial implementa mejoras operativas en el sistema Puma
La actualización no se limita a la anonimización, sino que introduce cambios sustanciales para agilizar la gestión diaria. Entre las novedades, destaca la integración del organismo de Archivo en el ciclo de vida del expediente y la posibilidad de incorporar documentación vía BUS Federal sin aguardar la devolución física de las actuaciones.
«Esta innovación se erige como un pilar fundamental para cumplir con los estándares institucionales de publicación y resguardo de la privacidad de las personas involucradas en los procesos.»
Asimismo, se han implementado medidas preventivas para evitar errores humanos, como la obligatoriedad de seleccionar el organismo de destino y la carga de datos específicos de mediación previa. En el fuero de Familia, el sistema ha sido robustecido para capturar información estadística más precisa sobre violencias, incluyendo la modalidad de violencia digital.
Eficiencia y transparencia en la gestión judicial
La optimización también alcanza a la experiencia del usuario interno mediante la nueva función de previsualización de movimientos, que permite verificar escritos sin necesidad de abrir cada documento. Además, se ha mejorado la respuesta a oficios recibidos por error, evitando la apertura innecesaria de nuevos expedientes.
Estas reformas representan un avance necesario en la búsqueda de una justicia más ágil y organizada. Al incorporar estas herramientas tecnológicas, el Poder Judicial no solo optimiza sus tiempos de respuesta, sino que fortalece el compromiso ético con el manejo de la información sensible, asegurando que la digitalización sea una herramienta al servicio de los derechos de las personas.
