En la mitología política de nuestra ciudad, parece haberse instalado una nueva gramática del poder. Es una narrativa que se escribe con pintura fresca en las plazas y se borra con violencia en los márgenes. San Carlos de Bariloche, ese «reino» de belleza indiscutible, atraviesa hoy una metamorfosis inquietante: la del traspaso de un letargo de ocho años hacia una vigilia donde empieza a insinuarse una erosión del control institucional.
Durante casi una década, la gestión anterior se sumergió en un «sueño profundo» de viajes, ostentación y negocios que paralizaron la estructura municipal. Ese vacío de poder generó una sed de orden que el actual Intendente, Walter Cortés, supo interpretar con rapidez. Sin embargo, el orden que se nos ofrece hoy tiene un costo institucional que no podemos permitirnos pagar.
La cosmética como cortina de humo
Es innegable que la mejora de los espacios públicos y la atención a los detalles básicos del ejido urbano generan un alivio inmediato en el vecino. Pero sería un error de principiante confundir la gestión de servicios con la calidad democrática. Mientras el «Emperador» —como lo sugiere la sátira popular— cambia las flores de la entrada y arregla la tranquera de los establos, detrás de esa escenografía se despliega una estrategia de silenciamiento.
El episodio ocurrido recientemente, donde la guardia pretoriana de la actual gestión intervino físicamente contra vecinos disconformes, no es un hecho aislado. Es la manifestación física de un discurso que violenta el clima social desde el estrado. Lo más grave, sin embargo, sucede después de los golpes: la inacción de los pretores encargados de impartir justicia, que parecen haber canjeado su independencia por la comodidad del silencio.
El asedio a la Defensoría del Pueblo
En este esquema de poder absoluto, la figura de la Defensora del Pueblo, Mariana Miñuth, se ha convertido en la «rebelde» necesaria. Su falta de apego a los protocolos de sumisión y su insistencia en el pedido de informes sobre decisiones arbitrarias han enfurecido al Ejecutivo.
La respuesta del Intendente ante la fiscalización no ha sido la transparencia, sino la persecución. Enviar al séquito a investigar a quien debe controlarlos, bajo la burda acusación de «instigadora», es un giro digno de un cuento de realismo mágico, pero con consecuencias democráticas muy reales.
La Defensoría del Pueblo es la última línea de defensa de la Carta Orgánica. Es la institución diseñada para que el ciudadano no quede desprotegido ante los caprichos de quien ostenta el bastón de mando. Intentar suprimirla o asfixiarla políticamente es, lisa y llanamente, un intento de demoler los cimientos de nuestra Constitución local y profundizar una erosión del control que deja al vecino cada vez más expuesto frente al poder.
El peligro del conformismo
No debemos caer en la trampa de creer que una plaza pintada justifica el hostigamiento institucional. El «Reino del Revés» se instala cuando empezamos a naturalizar que el control es una molestia y que la crítica es una traición.
Si permitimos que el ruido de las máquinas viales tape el silencio de los expedientes cajoneados, estaremos entregando nuestra autonomía como ciudadanos. La realidad hoy supera a la ficción: estamos ante un intento de vaciamiento institucional que busca dejar al vecino solo frente al poder.
Bariloche merece más que flores de temporada; merece una democracia robusta donde el Intendente —y no el Emperador— acepte que su autoridad termina donde empiezan los derechos de los vecinos y la función de sus órganos de control.
El domingo es un buen día para despertar de este nuevo hechizo antes de que el daño sea irreversible.
Salgamos del letargo, del lugar de «no me importa». No permitamos como ciudadanos que la indiferencia nos haga firmar un cheque en blanco para estos autoritarios, porque cuando queramos levantar la voz, será muy tarde.
