El diputado Mango pide suspender dos desarrollos en el lago Moreno

El diputado nacional Marcelo Mango, junto a las legisladoras Adriana Serquis y Ana María Ianni, presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación para solicitar la intervención técnica, ambiental y administrativa sobre los desarrollos en el lago Moreno en San Carlos de Bariloche. La iniciativa apunta específicamente a los emprendimientos turísticos e inmobiliarios CAUMA Patagonia —expedientes municipales Nros. 005/2020 y 446/2022— y al Fideicomiso Bariloche I, conocido como proyecto FAENA —expedientes Nros. 421/2010 y 565/2018—, ambos situados en un entorno de alta fragilidad ecológica.

Exigencias sobre los desarrollos en el lago Moreno

El proyecto solicita formalmente que el Poder Ejecutivo Nacional requiera a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche la suspensión provisoria de autorizaciones, licencias, permisos y ejecución de obras materiales en ambos predios. El objetivo central es garantizar una evaluación ambiental integral, conjunta, acumulativa y sinérgica previa a cualquier avance territorial, asegurando la participación ciudadana, la intervención de las Comisiones Mixtas de las Reservas Naturales Urbanas y la emisión de dictámenes técnicos por parte de las autoridades competentes.

«Lo que reclamamos es que dos emprendimientos de gran escala, emplazados en un ambiente de extraordinaria sensibilidad ecológica, no avancen sin una evaluación ambiental previa, actualizada e integral», sostuvo Marcelo Mango.

El legislador rionegrino fundamentó el requerimiento en la fragilidad ecosistémica de la cuenca del complejo lacustre. El proyecto exige a Parques Nacionales, conforme a la Ley N.º 22.351 y la Ley General del Ambiente N.º 25.675, elaborar un informe técnico-jurídico y cartográfico para determinar la ubicación catastral de los predios y precisar si sus áreas de influencia afectan bienes, cursos de agua o ecosistemas de jurisdicción federal. Asimismo, se propone la conformación de un equipo interdisciplinario integrado por la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, la Dirección Regional Patagonia Norte y la Dirección Nacional de Conservación, con la posibilidad de convocar a universidades e instituciones científicas para realizar relevamientos de campo independientes.

La evaluación de impacto ambiental requerida debe analizar las etapas de preparación del terreno, movimiento de suelos, desmonte y afectación de mallines, bosques nativos y humedales. También se solicita examinar la disponibilidad de recursos hídricos, el consumo de agua, el tratamiento de efluentes, los riesgos de contaminación sobre el lago Moreno, el manejo de residuos y la demanda conjunta de infraestructura pública. De igual forma, la propuesta exige auditar las condiciones de seguridad vial, la circulación vehicular adicional y la capacidad de evacuación de la zona ante eventuales incendios forestales.

Respecto del marco institucional necesario para la tutela de los bienes comunes de la cuenca, Mango remarcó la responsabilidad del Estado:

«El Estado tiene la obligación de intervenir antes de que las alteraciones del territorio puedan volverse irreversibles», afirmó el diputado.

La propuesta repasa el estado procesal del amparo colectivo tramitado ante la Unidad Procesal N.º 9 de San Carlos de Bariloche bajo el expediente BA-02593-F-2026. En dicha causa se dictó una medida cautelar de no innovar el 14 de octubre de 2026, la cual fue modificada el 22 de octubre dejando sin efecto la medida respecto de CAUMA por razones procesales al registrar obras en curso, mientras mantuvo la paralización de FAENA. El proyecto puntualiza que esta decisión judicial no resolvió la cuestión ambiental de fondo ni determinó la suficiencia o validez de los estudios vigentes.

En el plano jurisdiccional, el texto fundamenta que, aunque la Ley N.º 14.487 transfirió tierras fiscales al ejido municipal de Bariloche, informes oficiales confirman que la cuenca del lago Moreno integra el área del Parque Nacional Nahuel Huapi. Adicionalmente, el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Parques Nacionales, aprobado por la Resolución 639/2023, prohíbe explícitamente la segmentación de proyectos e impone el análisis de los impactos acumulativos producidos por intervenciones proyectadas y preexistentes sobre un mismo ecosistema compartido.

Finalmente, el proyecto otorga un plazo de treinta días hábiles para que el Poder Ejecutivo informe a la Cámara de Diputados sobre las actuaciones iniciadas por la Administración de Parques Nacionales, las inspecciones realizadas, la delimitación de la jurisdicción federal y los requerimientos preventivos solicitados a la provincia y al municipio. Sobre el modelo de desarrollo, Mango concluyó: «No existe desarrollo sostenible cuando la inversión avanza primero y los estudios ambientales llegan después».