La empresa concesionaria Amancay solicitó formalmente elevar el boleto a 2.600 pesos, una medida que ha generado una nueva instancia de tensión en el transporte urbano de pasajeros de Bariloche. Este requerimiento fue presentado durante la última reunión de la Comisión de Seguimiento del Transporte Urbano, donde la firma fundamentó su pedido en la persistente escalada de los costos operativos, con especial énfasis en el precio del combustible, y en una marcada retracción del flujo de usuarios que utilizan el sistema de colectivos en la ciudad.
La edil Roxana Ferreyra brindó detalles de la reunión en un diálogo concedido a Bariloche En Redes, donde precisó los alcances numéricos del requerimiento empresarial y advirtió sobre el severo impacto económico que representará para los vecinos de la localidad en caso de ser aprobado. Según la información debatida en el ámbito deliberativo, la pretensión de la concesionaria busca llevar la tarifa base a un monto marcadamente superior al actual.
«Lo que está pidiendo la empresa es aumento de la tarifa: boleto mínimo 2.600 pesos. Se hizo la cuenta y quedaría en 1.950 la tarifa residente. Es un número elevado.», dijo Roxana Ferreyra.
El impacto de la solicitud para elevar el boleto a 2.600 pesos
La solicitud empresarial se produce en un contexto de retracción de la demanda. Los datos técnicos analizados en la comisión revelan que el índice de pasajeros por kilómetro experimentó un descenso cercano a los diez puntos porcentuales, un fenómeno que refleja las estrategias de ahorro implementadas por la comunidad mediante caminatas, traslados compartidos o el uso de plataformas alternativas de movilidad. Sin embargo, para la legisladora municipal, la discusión tarifaria resulta inseparable de la deficiente prestación que padece la ciudadanía desde hace diez años y de la grave omisión administrativa que rodea la expiración del vínculo contractual con la firma Mi Bus.
Al referirse al marco institucional del servicio, Ferreyra expuso que el contrato formal de la empresa Amancay vence indefectiblemente el próximo 1° de enero, sin que el Departamento Ejecutivo haya remitido aún al cuerpo deliberativo el pliego de bases y condiciones para convocar a una nueva licitación pública. Esta demora administrativa coloca al municipio en una situación de extrema vulnerabilidad temporal, considerando que el Concejo Municipal ingresará en receso institucional en pocas semanas y que cualquier proceso licitatorio requiere plazos prudenciales para que las empresas interesadas puedan elaborar sus propuestas técnicas y financieras.
«Acá lo que no se condice es el servicio que brinda la empresa. Empresa que se le termina el contrato el 1° de enero, y a este Concejo Municipal todavía no entró el pliego de licitación», señaló la concejala.
La falta de certeza sobre la continuidad operacional no solo atañe a las frecuencias y los recorridos que utilizan a diario miles de residentes, sino que proyecta una sombra de inestabilidad directa sobre el personal asalariado. Las representaciones sindicales articuladas a través de la UTA manifestaron su profunda inquietud ante la ausencia de un marco regulatorio futuro que garantice la estabilidad de las fuentes laborales y contemple las cláusulas de absorción del personal por parte de eventuales nuevos prestadores del servicio.
«Hay una preocupación por los trabajadores. Son doscientas familias que viven de los salarios que perciben por la empresa Amancay, y hoy están en una incertidumbre total.», afirmó Roxana Ferreyra.
Por otro lado, la concejala remarcó que el eventual ajuste tarifario no solo castiga la economía familiar de los barilochenses, sino que debilita significativamente el atractivo turístico de la ciudad durante todo el año. Los tramos hacia los puntos periféricos o emblemáticos de la localidad, como el trayecto que conduce hacia la zona de Puerto Pañuelo o el Llao Llao, alcanzarían cifras desproporcionadas para los turistas, que dependen del transporte público para desplazarse. Ante este escenario, la edil confirmó haber rechazado el pedido empresarial en la comisión, dejando la resolución en manos del Departamento Ejecutivo y del proceso de audiencia pública. Al respecto, la legisladora enfatizó que:
«aumentar 300 pesos el boleto de colectivo es muchísimo. Un boleto de 2.600 pesos el mínimo a un turista lo golpea. Tenemos que cuidar a nuestros turistas, que son los que sostienen a Bariloche».
El trámite continuará bajo el análisis de las áreas técnicas del Ejecutivo municipal, órgano que determinará la viabilidad de la tarifa solicitada antes de convocar a la audiencia pública correspondiente. Mientras tanto, la comunidad permanece a la espera de definiciones urgentes que garanticen la transparencia en los costos, la estabilidad laboral y la presentación del pliego de licitación para asegurar un servicio previsible.
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