Reclaman convocar a la Comisión del Vertedero por un endeudamiento

La concejala barilochense, Roxana Ferreyra, solicitó formalmente la inmediata reactivación de la Comisión del Vertedero en el Concejo Deliberante municipal, a raíz del anuncio oficial sobre la suscripción de un endeudamiento por parte de Río Negro. El compromiso financiero, que asciende a 890.000 dólares, está destinado a confeccionar un estudio de impacto ambiental para el predio de disposición final de residuos urbanos. La edila fundamentó el requerimiento en la necesidad de transparencia institucional, la preservación de la autonomía municipal y la revisión del proyecto técnico ejecutado con una agencia internacional.

El origen de la objeción radica en los pronunciamientos públicos del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, al ratificar la obtención de fondos externos gestionados mediante una agencia francesa. El acuerdo, rubricado con el intendente municipal Walter Cortés, contempla la realización de diagnósticos ambientales proyectados hacia el período 2027-2028. Sin embargo, las actuaciones no contaron con la remisión previa de antecedentes ante el cuerpo deliberativo local, hecho que motivó el reclamo expresado en una entrevista concedida a Bariloche En Redes.

La urgencia por convocar a la Comisión del Vertedero

Al ser consultada sobre las actuaciones legislativas desplegadas en el ámbito municipal durante el diálogo con Bariloche En Redes, la concejala Roxana Ferreyra puntualizó la prioridad institucional del requerimiento:

«Lo que pedimos es que en forma urgente se convoque a la Comisión del Vertedero, que se convocó una o dos veces para poner a todos contentos y no pasó más nada», dijo Roxana Ferreyra.

Este espacio fue creado originalmente para coordinar el plan integral de remediación ambiental y traslado del predio municipal. La presidencia del órgano corresponde al concejal Juan Pablo Ferrari, de la bancada oficialista Juntos Somos Río Negro. De acuerdo con la reconstrucción institucional brindada por la edila, el grupo contó inicialmente con representantes de la municipalidad de Dina Huapi, la comisión de fomento de Pilcaniyeu, la administración aeroportuaria y organismos provinciales, tras lo cual las reuniones fueron suspendidas indefinidamente.

Respecto al desconocimiento del cuerpo deliberativo sobre los acuerdos alcanzados con las autoridades provinciales, la representante de un sector del peronismo sostuvo que en el Concejo se creó un espacio específico para tratar estos temas, pero que los ediles se enteraron de los pormenores a través de los medios de comunicación. La falta de comunicación oficial sobre el destino de los fondos y el alcance de las consultorías externas es, para la legisladora, una vulneración de las facultades del cuerpo deliberativo.

A las demandas parlamentarias se añade la preocupación por las gestiones de la secretaría de Energía provincial, conducida por Andrea Confini. La funcionaria recorrió el predio junto a técnicos de la delegación francesa para elaborar un diagnóstico operativo. Ferreyra advirtió que la presencia de funcionarios provinciales y consultores externos dentro del ejido local sin aval legislativo afecta la división de poderes, la Carta Orgánica Municipal y el ejercicio de las competencias locales sobre la gestión de residuos urbanos.

Con relación a los plazos previstos para la concreción de los diagnósticos técnicos financiados mediante el crédito internacional, la concejala remarcó:

«Se endeuda por 890.000 dólares por un estudio de impacto ambiental que va a estar para el año 2027, 2028», señaló Roxana Ferreyra.

Ante el cuadro expuesto, la estrategia de control contemplará la presentación de requerimientos de información en la Legislatura provincial. La edil indicó que los legisladores del bloque peronista solicitarán explicaciones sobre las tareas que la agencia francesa desarrolla en el Alto Valle, puntualmente en la localidad de Cipolletti, con el fin de evaluar la viabilidad de las metodologías propuestas para la comuna barilochense. El objetivo es que se informe qué tareas realizó la empresa francesa y se solicite información detallada a través de los canales legislativos correspondientes.

La problemática en el predio abarca además cuestionamientos sobre la recolección diferenciada en la ciudad. Ferreyra objetó la ausencia de un esquema operativo eficaz, señalando la saturación de contenedores y la disposición unificada de los desechos en las celdas. Asimismo, expuso que el predio permanece cerrado al público y bajo la gestión de una firma privada que reemplazó al personal municipal, medida que tampoco fue elevada al Concejo Deliberante para su tratamiento normativo.

Finalmente, al referirse al respeto por las garantías republicanas y el cumplimiento de las normativas vigentes por parte de los funcionarios públicos, la concejala concluyó que existe una institucionalidad y una separación de poderes que se debe respetar, principios que, a su entender, no se están cumpliendo en la gestión actual del predio.