Los Docentes Rionegrinos resolvieron condicionar la continuidad del ciclo lectivo a la reapertura inmediata de las discusiones salariales con el Gobierno de Río Negro durante la primera mitad de noviembre. La medida, aprobada por el congreso del sindicato, establece la realización de un paro por 24 horas si la administración provincial no convoca a la mesa paritaria para revisar haberes y condiciones laborales.
La Secretaria General de la seccional local de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), Norma Pérez, precisó los alcances del mandato definido por las bases durante una entrevista brindada al programa «Comenzando La Mañana de Bariloche En Redes».
«Si el gobernador y la ministra de educación no nos llaman a sentarnos a una nueva instancia de negociación en la primera quincena de noviembre, hemos definido un paro de 24 horas», dijo Norma Pérez.
La dirigente sindical enfatizó que la exigencia de reanudar el diálogo paritario posee un carácter impostergable frente a la continua depreciación de los ingresos frente a las variables inflacionarias locales y nacionales. La representante del sector educativo sostuvo que las instancias oficiales de negociación convocadas por la provincia deben servir para canalizar tanto las recomposiciones necesarias sobre el haber básico como los reclamos vinculados al deterioro prestacional y laboral. La referente gremial remarcó que la urgencia es absoluta para el sector.
Reclamos de los Docentes de Bariloche ante el Gobierno
La principal objeción de UnTER radica en la prevalencia de sumas no remunerativas. El haber básico se ubica en 196.000 pesos, mientras que la oferta gubernamental propone llevarlo a 221.000 pesos. De este modo, un maestro inicial percibiría 1.468.000 pesos, pero con la mayor parte de sus haberes desvinculados de aportes previsionales.
«Actualmente, casi el 62% de nuestro salario es con cifras no remunerativas. Con esta última propuesta salarial, un maestro que recién se inicia estaría cobrando 1.468.000 pesos», señaló la secretaria general.
Esta metodología de liquidación vulnera el compromiso institucional asumido por la provincia ante los organismos nacionales de seguridad social. Según remarcó la titular de la seccional, el Estado rionegrino no ha dado cumplimiento a la regularización progresiva acordada para revertir la precarización de los haberes. Pérez recordó que el Ejecutivo provincial firmó en el año 2021 un convenio con ANSES donde se comprometía a que paulatinamente iba a ir incrementando el pago de las cifras remunerativas.
El incumplimiento del convenio firmado en octubre de 2021 genera perjuicios en las prestaciones de más de 400 trabajadores docentes en la provincia, cuyos trámites jubilatorios permanecen demorados o retenidos. A ello se suma la decisión de ANSES de derivar los expedientes iniciados en Bariloche hacia Buenos Aires como trámites complejos, lo que dilata de manera indefinida la obtención del beneficio previsional.
Justsamente en realción a este incumplimiento fue entregado, en mano al gobernador Alberto Weretilneck, un listado de los docentes que tienen sus jubilaciones retenidas. La oportunidad la encontraron dirigentes gremiales durante el viernes cuando fue ubicado durante su presencia, acompañando al Intendente Walter Cortés, en el marco de la campaña para la elección de Convencionales Constituyentes de Bariloche. Las referentes gremiales Adriana Lisazo y Silvia Schroeder fueron quienes accedieron para entregar el listado con los nombres de los docentes afectados por los incumplimientos del gobierno provincial.
Desde el sindicato rechazaron las declaraciones en paritaria de la vocal gubernamental Romina Procopo, quien atribuyó las demoras jubilatorias a desinformaciones gremiales y trabas de ANSES. La conducción de UnTER remarcó que la responsabilidad principal recae en la omisión estatal de realizar aportes sobre el 62 por ciento de los ingresos. La crisis salarial se agrava notoriamente por el elevado costo de vida característico de la zona andina, impulsado por los alquileres inmobiliarios y la constante escalada en las tarifas de servicios públicos que arrastran a las familias a situaciones de endeudamiento.
Asimismo, la entidad cuestionó los severos controles aplicados en las auditorías médicas laborales y las marcadas deficiencias asistenciales de la obra social IPROS. Pérez describió la dramática realidad económica que atraviesan numerosos agentes educativos a raíz de los descuentos salariales por días de paro o licencias médicas no reconocidas, señalando que hay compañeras que son sostén de familia y están en una situación donde su recibo de sueldo es cero pesos. La dirigente concluyó reafirmando que la política sindical la definen los trabajadores y las trabajadoras de la educación.
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