La Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche ha expresado su oposición al aumento tarifario propuesto para el transporte urbano de pasajeros en una audiencia pública celebrada el 17 de diciembre. Mariana Minuth, Defensora del Pueblo, criticó la propuesta, destacando que el servicio actual es defectuoso y no cumple con los estándares de calidad.
Críticas a la calidad del servicio de transporte urbano en Bariloche
Durante la audiencia, la Defensora del Pueblo subrayó numerosos problemas en el servicio de transporte urbano, incluyendo frecuencias insuficientes y recorridos ineficientes. Minuth señaló que la cantidad de unidades en circulación ha disminuido y que muchos de los vehículos están en mal estado. A pesar de estas deficiencias, la empresa concesionaria Mi Bus sigue recibiendo financiamiento significativo, incluyendo un adelanto municipal y subsidios provinciales, además de ingresos por el transporte de estudiantes.
La audiencia también reveló serias irregularidades en su desarrollo. La Defensoría indicó que la sesión no cumplió con la Ordenanza 1744-CM-07, que regula las audiencias públicas en la ciudad. Además, la falta de funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal impidió respuestas a las inquietudes ciudadanas, y la ausencia de una transmisión oficial limitó el acceso a la información.
La importancia del transporte como derecho social fundamental
Guillermo Viegas Navarro, Consultor de Gestión Institucional de la Defensoría, enfatizó que el transporte es un derecho social fundamental. Señaló que el servicio debe garantizar calidad, seguridad, equidad y dignidad para asegurar el acceso al trabajo, la salud y la educación. Viegas Navarro criticó el incumplimiento del contrato por parte de la empresa concesionaria, que no ha mantenido el número mínimo de unidades ni ha desarrollado una aplicación digital prometida para los usuarios.
La empresa Mi Bus fue criticada por retirarse de la audiencia antes de su finalización, sin escuchar todas las intervenciones ciudadanas ni responder a los cuestionamientos planteados. Esta actitud, junto con la falta de información pública sobre el sistema de transporte, dificulta la participación efectiva de los ciudadanos en los procesos de revisión tarifaria.
La Defensoría del Pueblo de Bariloche reafirma su postura de que el Estado Municipal tiene la responsabilidad de asegurar que el servicio de transporte se preste adecuadamente. La falta de información pública confiable y actualizada es un obstáculo para la participación ciudadana en la auditoría del servicio.
En conclusión, la Defensoría del Pueblo insiste en que, sin mejoras sustanciales en el servicio y sin transparencia en la gestión, cualquier aumento tarifario sería injustificado y perjudicial para los ciudadanos de Bariloche.
