La reciente decisión administrativa que propone modificar la Ordenanza 2212-CM-11 encendió una fuerte preocupación por el cierre del servicio de mediación dentro de la Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche. La resolución fue emitida a solo un mes del recambio institucional. Plantea que esta herramienta para resolver conflictos pacíficamente pase a depender del Ejecutivo o Legislativo municipal. Esto implicaría su salida del ámbito defensorial.
La Dra. Andrea Galaverna, Defensora del Pueblo entre 2013 y 2017, expresó públicamente su rechazo. En una carta dirigida al Concejo Municipal, remarcó el valor del servicio desde su creación en 2011. Durante su gestión, las mediaciones se descentralizaron y el equipo se profesionalizó con apoyo del Ministerio de Justicia. Solo en 2016 se realizaron más de 300 mediaciones, muchas con resultados exitosos.
El servicio ha sido gratuito, neutral y eficaz. Resultó vital para resolver conflictos vecinales, escolares e interculturales. Muchas veces estos involucraban al propio Estado municipal, como reclamos por alumbrado, transporte o disputas en ferias. En esos casos, el diálogo permitió soluciones con garantías de imparcialidad. Sacarlo de la Defensoría, advierte Galaverna, pone en riesgo su neutralidad y abre la puerta a posibles usos políticos.
Alerta por el cierre del servicio de mediación
Esta preocupación por el cierre del servicio de mediación fue compartida por Incluyendo Bariloche. La organización emitió un comunicado respaldando la postura de la ex Defensora. Señalan que la medida no tiene fundamentos técnicos ni legales claros. Además, se toma en medio de un proceso de transición institucional. Actualmente, se está eligiendo al próximo titular de la Defensoría.
Galaverna recordó que el artículo 209 de la Carta Orgánica no obliga a cambiar la dependencia del servicio. Por eso, cuestiona la necesidad de alterar una estructura que ha demostrado eficacia. La falta de debate público y la urgencia en aplicar esta resolución despiertan sospechas sobre posibles intereses políticos.
Incluyendo Bariloche reclama respeto por la autonomía de la Defensoría. También advierte sobre las consecuencias de decisiones apresuradas en áreas tan sensibles. “No se puede debilitar una herramienta tan valiosa justo cuando cambia la gestión”, señalan.
Así, la preocupación por el cierre del servicio de mediación se convierte en una alerta institucional. No solo está en juego una herramienta de resolución de conflictos. También lo están la transparencia, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la convivencia democrática. El mensaje final es claro: las instituciones que garantizan derechos deben cuidarse, no desmantelarse.
