Una denuncia colectiva denuncia que Río Negro incumple el Acuerdo de Escazú. Esta denuncia se presentó ante la máxima instancia regional encargada de su aplicación. Los actores involucrados incluyen diversas organizaciones ambientales y sociales de Río Negro, así como la legisladora Magdalena Odarda. Estos grupos acusan al Gobierno de Río Negro de violar los principios del Acuerdo de Escazú al firmar un pacto con la empresa israelí Mekorot National Water Co. en 2022, con una prórroga sin fecha de vencimiento.
Denuncian que Río Negro incumple un acuerdo por la firma con la Israelí Mekorot
La Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas, junto con otras entidades, ha impulsado esta denuncia al considerar que el acuerdo con Mekorot compromete la soberanía sobre los recursos hídricos de la provincia. Según las organizaciones, el contrato no ha sido sometido a la Legislatura de Río Negro. Tampoco se garantizó el acceso a la información pública, violando así la Constitución Provincial y la Ley de Acceso a la Información Pública. La confidencialidad de las cláusulas y la falta de mecanismos de participación ciudadana son algunos de los puntos críticos señalados.
El Acuerdo de Escazú, ratificado en Argentina en 2020, exige el acceso a la información ambiental, participación ciudadana en decisiones ambientales y acceso a la justicia. Sin embargo, el contrato con Mekorot, que busca desarrollar un plan maestro para el sector hídrico de Río Negro, no cumplió con estos requisitos. La denuncia presentada es la primera en Argentina que utiliza este acuerdo internacional para abordar un supuesto incumplimiento de sus principios rectores.
Consecuencias y expectativas de la denuncia contra Mekorot
El acuerdo con la empresa Mekorot ha generado preocupación debido a sus antecedentes internacionales. La compañía es cuestionada por utilizar recursos hídricos como herramientas en conflictos bélicos. Esta situación ha llevado a su comparación con el apartheid del agua. La denuncia también subraya la falta de implementación de fiscalías ambientales en Río Negro, a pesar de que existen por ley hace más de una década.
Las organizaciones esperan que esta denuncia sirva como un llamado de atención para otras entidades civiles, ambientales y políticas en Argentina. Se anticipa que más grupos se unan a esta iniciativa, promoviendo un mayor escrutinio y transparencia en la gestión de recursos naturales. Esta acción busca no solo la revisión del acuerdo con Mekorot, sino también el fortalecimiento de la participación ciudadana en decisiones que afectan el medio ambiente.
La presentación de esta denuncia marca un hito en la aplicación del Acuerdo de Escazú en el país, destacando la importancia de los mecanismos internacionales en la protección de los derechos ambientales. Las organizaciones involucradas confían en que esta acción contribuirá a la defensa de los recursos hídricos y al respeto de los derechos ambientales en Río Negro.
