La legisladora rionegrina Magdalena Odarda, del Bloque Vamos con Todos, reclama acceso inmediato al expediente de la acción de lesividad. La denuncia, de gravedad institucional, fue presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4 y busca revertir la cuestionada compra de territorios que rodean el Lago Escondido por la empresa vinculada al magnate inglés Joe Lewis, realizada en los años noventa.
Esta acción surge tras publicaciones de “El Destape” que alertan sobre un posible acuerdo oculto entre el gobierno de Javier Milei y Hidden Lake S.A. Dicho pacto, de confirmarse, habría restringido el acceso al expediente judicial, impidiendo a la ciudadanía conocer actuaciones que afectan nuestra soberanía nacional y el derecho colectivo a nuestros bienes naturales.

«Esta opacidad es inaceptable, vulnerando la transparencia pública que debemos exigir a nuestras instituciones.»
Odarda reclama acceso para desentrañar un posible pacto oculto
Cabe recordar que, en 2023, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, declaró lesivas al interés general las autorizaciones para la adquisición de miles de hectáreas por capitales extranjeros en Zonas de Seguridad de Fronteras, donde se encuentran fuentes de agua dulce como el Lago Escondido.
«Esta declaración oficial ya implicó el reconocimiento estatal de la irregularidad de la compraventa y su zona circundante.»
La acción judicial tiende a recuperar dichos territorios para el patrimonio estatal, dada la grave afectación a la soberanía nacional. La lucha por el acceso a Lago Escondido, una reivindicación histórica de más de dos décadas, merece una resolución justa y transparente.
La soberanía en juego: el antecedente de 2023
En este marco de defensa de los intereses colectivos, Odarda, acompañada por sus abogados Ernesto Montecino Odarda y Martín Palumbo, se presentó en la causa solicitando acceso íntegro al expediente y rechazando cualquier acuerdo que pretenda finalizar el proceso sin garantizar la recuperación estatal de estos territorios. La legisladora fundamentó su intervención en su interés legítimo como promotora de la acción de lesividad y principal amparista en el reclamo por el libre acceso a las costas del Lago Escondido, litigio que espera sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
«Este asunto, que toca soberanía y acceso público a nuestros recursos, no puede tratarse como cuestión privada ni en secreto, consolidando una impunidad que la sociedad rechaza.»
La transparencia es la base para que todas y todos podamos fiscalizar y asegurar que las decisiones públicas se tomen en beneficio de la comunidad, garantizando equidad y respeto por nuestro patrimonio.

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