Odarda impugna la audiencia pública por el proyecto de GNL. La legisladora rionegrina María Magdalena Odarda presentó un recurso de revisión contra la resolución de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro. Esta resolución convoca a una audiencia pública para el próximo 16 de septiembre en el Puerto de San Antonio Este. El evento está relacionado con el proyecto de instalación de una planta flotante de licuefacción de gas, impulsado por Southern Energy S.A.
Odarda impugna la audiencia pública argumentando que su convocatoria de manera presencial, en un día hábil y en un lugar alejado, desalienta la participación ciudadana. Según ella, esta situación constituye una barrera insalvable para la ciudadanía rionegrina en un tema ambiental de gran envergadura. En su presentación, recordó la obligación de garantizar mecanismos de participación efectivos, inclusivos y en igualdad de condiciones, según la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
Odarda impugna la audiencia pública
La legisladora subrayó que la normativa provincial prevé que la audiencia se realice en el lugar más cercano al emprendimiento. En este caso, el balneario Las Grutas sería el sitio más accesible. Odarda también mencionó antecedentes en la provincia de Río Negro donde se habilitó la modalidad virtual o mixta en audiencias públicas. Sin embargo, criticó que el gobierno limite la participación al formato presencial en este proyecto de alto impacto ambiental.
Además, denunció que en audiencias anteriores se discrimina a los parlamentarios críticos, otorgándoles menos tiempo de exposición. Esto vulnera la igualdad de condiciones que debe regir en estas instancias. Exigió que se garantice la participación tanto presencial como remota y que se traslade la sede a Las Grutas. También pidió igualdad de trato y tiempo de exposición para todos los legisladores inscritos.
Odarda advirtió que si no se cumplen estas condiciones, la audiencia pública carecerá de transparencia, respeto e igualdad. Tal situación convertiría el proceso en un simulacro de participación, lo que haría nulo el acto administrativo por violar la Constitución Nacional y otros marcos legales.
