El parlamentario nacional rionegrino Marcelo Mango radicó una propuesta en la Cámara de Diputados de la Nación para expresar un beneplácito formal por la conmemoración del Día Nacional del Derecho a la Identidad, que se celebra cada 22 de octubre, destacando la labor de Abuelas de Plaza de Mayo. La iniciativa parlamentaria busca otorgar un respaldo estatal a la trayectoria histórica de la entidad, que acumula 49 años de trabajo ininterrumpido en la búsqueda, localización y restitución de niñas y niños apropiados durante el terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar.
El compromiso histórico de Abuelas de Plaza de Mayo
Este proyecto cobra una especial significación en el marco institucional de 2026, año en el que se cumplen cinco décadas del golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976. En este horizonte conmemorativo, la propuesta busca que la representación federal ratifique su compromiso con las conquistas sociales y científicas orientadas al esclarecimiento de la verdad biológica y la reparación integral de las familias afectadas por la represión ilegal. El legislador rionegrino enmarcó la iniciativa en la importancia de mantener una vigencia activa de los pilares democráticos en el ámbito legislativo.
«La Memoria, la Verdad y la Justicia no constituyen solamente una reivindicación del pasado, sino un compromiso permanente con nuestro presente y con el futuro de la democracia.», sostuvo Marcelo Mango.
La iniciativa repasa los antecedentes históricos de esta demanda ciudadana que comenzó el 22 de octubre de 1977, cuando doce mujeres iniciaron de forma organizada la búsqueda de sus nietas y nietos secuestrados o nacidos durante el cautiverio de sus madres. Con el paso de los años, aquel reclamo individual frente a la persecución y la impunidad se transformó en una causa colectiva que interpeló a toda la sociedad argentina y que derivó, en el año 2004, en la sanción de la Ley N° 26.001 para instituir formalmente la fecha, promoviendo jornadas educativas y de concientización en las escuelas.
De igual modo, la labor promovida por la entidad impulsó la edificación de herramientas científicas y marcos jurídicos fundamentales que sentaron un precedente internacional, logrando incidir en la redacción de las garantías consagradas en los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entre esos hitos institucionales se destacan la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos a través de la Ley N° 23.511 en 1987, y la conformación en 1992 de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), ratificada posteriormente por la Ley N° 25.457.
«Gracias a esa tarea, 140 nietas y nietos recuperaron su identidad, mientras la búsqueda de quienes aún desconocen su origen continúa.», afirmó el diputado al ponderar los resultados alcanzados mediante la articulación entre la sociedad civil organizada y las normativas públicas.
El proyecto de resolución, identificado bajo el expediente 5583-D-2026, introduce un análisis sobre los desafíos del contexto sociopolítico presente. El documento advierte que la garantía efectiva del derecho a la identidad no finaliza en el reconocimiento discursivo, sino que exige el sostenimiento económico y material de los mecanismos de investigación, así como la preservación de los archivos documentales frente a discursos que procuran relativizar los crímenes cometidos desde el aparato estatal.
En ese sentido, el texto ingresado en la Cámara de Diputados pone de manifiesto las contingencias ocurridas durante 2026 a raíz de las dificultades presupuestarias denunciadas por la organización respecto del funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. Esta problemática requirió la intervención de la Justicia Federal, que debió disponer la adopción de medidas presupuestarias urgentes para asegurar la continuidad operativa de una institución clave para el esclarecimiento de las identidades pendientes.
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