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Impresionante informe del Comité contra la Tortura de Bariloche

En un extenso escrito, la organización de seguimiento de los casos de apremio por parte de las fuerzas de Seguridad hizo llegar a Bariloche En Redes el siguiente texto.

El Comité contra la Tortura del Municipio de San Carlos de Bariloche hace públicas las reiteradas denuncias sobre las prácticas abusivas y de amedrentamiento que la Policía Rionegrina, situación que se profundizó en este tiempo de pandemia.

Desde que constituimos el Comité contra la Tortura le hemos planteado al Procurador General Jorge Crespo y a los Fiscales, la necesidad que se intervenga desde el Ministerio Público ante la cantidad y gravedad de denuncias recibidas en relación al maltrato y a la violencia policial en los procedimientos.

La mayoría de éstas, se refieren a la comisaría Nº 42 y a las condiciones de detención existente en el Penal de Bariloche, aunque los malos tratos, aunque en menor intensidad, se repiten en las diferentes comisarías, especialmente dirigidos hacia les jóvenes de los barrios. El Procurador y lxs Fiscales afirmaron tener conocimiento sobre esta situación, comprometiéndose a tomar cartas en el asunto.

En este sentido, los cuatro defensores oficiales de la ciudad se hicieron eco de la situación que viene planteando el Comité e interpusieron un habeas corpus para que cesen las malas condiciones de detención y se ordene a las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y al director de la cárcel local que garanticen la provisión de agua caliente a los presos para higienizarse. También, solicitaron que dejen de alojar internos en celdas clausuradas. Denunciaron que las situaciones descritas “constituyen un agravamiento arbitrario de las condiciones de detención legal” y lamentaron que a la fecha “no logramos obtener respuesta jurisdiccional conforme prevé la ley”. Los defensores interpusieron un pronto despacho para que la jueza de Ejecución Penal resuelva la acción que habían presentado el 13 de julio pasado, para que cesen las malas condiciones de detención.

En dicha precaria situación estructural, las acciones cotidianas para que la ciudadanía cumpla con las normativas de restricción para prevenir los contagios, sólo alteran el bienestar y se expresan en maltrato y hostigamiento. Más policía en la calle no es garantía de mayor seguridad ciudadana. Sobradas experiencias tenemos de ello, a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia.

A la fecha y en este contexto, debemos decir que nada para bien ha cambiado.

Por el contrario, en nombre del cumplimiento de la disposición judicial que habilitó a las fuerzas de seguridad a realizar operativos de detención durante la pandemia, se han multiplicado las situaciones de abuso policial. Procedimientos innecesariamente agresivos y de los que ni efectivos ni autoridades policiales se hacen cargo, descontextualizando los hechos y haciendo públicas versiones que poco tienen que ver con la realidad de lo sucedido.

Un ejemplo claro de estas prácticas es el “secuestro” de la mercadería de un trabajador» por estar vendiendo pasados unos minutos de la hora 19. Ante la denuncia de la persona, este operativo llevado adelante por policías, en una camioneta ploteada, a metros del destacamento policial Nro. 42, fue desconocida por la Departamental Regional, hecho alarmante y que sin dudas requiere una mayor profundidad en la investigación.

La detenciones violentas de ciudadanxs que no se resisten a ser detenidxs, el maltrato, la burla y la amenaza, las frases tan comunes “Así vas a aprender”, “cállate o te gaseo”, cuando se les pide explicación o que se identifiquen. Golpear como forma de trato, para amedrentar, no permitir a la persona detenida comunicarse con su familia. Todas prácticas de violencia estatal cotidiana. Muchas veces con heridxs de gravedad, otras, simplemente instalando el miedo, la ley sin ley de la policía rionegrina, sobre la que pesan gravísimas denuncias y que continúan aún sin respuesta.

Desde el Comité contra la Tortura del Municipio de San Carlos de Bariloche lamentamos y repudiamos las prácticas que se vienen sucediendo y exigimos al Procurador General y al Ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro intervención urgente para el cese de las prácticas de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad reafirmando nuestro compromiso en desmontar las normas y conductas impropias y violentas en el accionar de las fuerzas de seguridad exigimos respuestas institucionales ya.

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