Un comprador ganó uu juicio a una concesionaria por el patentamiento tras un fallo dictado por la Justicia Civil de Bariloche, que determinó que la firma Brenson Autos incurrió en un cobro indebido e injustificado. La resolución judicial, que impuso el reintegro del dinero cobrado en exceso y la aplicación de una multa por daño punitivo, se originó a partir del reclamo de un vecino que adquirió una camioneta Ford Ranger XLT 4×4, modelo 2023, por 18.745.600 pesos.
El origen del juicio a una concesionaria
Tras cancelar el valor del vehículo, el adquirente recibió una factura por 1.641.413,33 pesos en concepto de gastos de patentamiento. Ante la cifra, que superaba los cálculos habituales, el cliente acudió al estimador oficial de costos del Registro de la Propiedad Automotor. Tomando como referencia la radicación en Río Negro y el valor declarado de la unidad, la herramienta oficial estableció un costo de 651.610 pesos que, al sumar flete e IVA, arrojaba un total de 771.033,15 pesos.
La diferencia constatada ascendió a 870.380,18 pesos, representando casi el diez por ciento del valor del rodado. Pese a las intimaciones formales mediante cartas documento para exigir la restitución del excedente, la empresa rechazó las pretensiones argumentando que el comprador conocía las estimaciones desde la reserva y que la gestión implicaba gastos no previstos oficialmente.
«La firma no constituyó una aceptación válida al no detallar conceptos ni permitir distinguir aranceles de honorarios», señaló el magistrado en su resolución.
Frente a la negativa, el conflicto derivó en una demanda por daños y perjuicios. En su defensa, la concesionaria cuestionó la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor alegando que no se había acreditado el uso personal de la camioneta. Sin embargo, el juez rechazó ese planteo, dado que la propia factura expedida por la firma la definía como un bien de uso, ratificando la relación de consumo.
Pericias y resolución final
Una pericia contable confirmó que los costos resultaban inferiores a lo facturado y que la gestoría no figuraba discriminada en los registros contables. Al concluirse que el deber de información fue vulnerado y que el cliente pagó por la necesidad de contar con el vehículo, la sentencia dispuso la reparación económica.
Este juicio a una concesionaria marca un precedente sobre la transparencia en los costos de patentamiento. La medida judicial, que ordena la devolución del dinero y la aplicación de una multa por daño punitivo, se encuentra actualmente en una instancia donde puede ser apelada por la parte demandada, manteniendo el proceso legal abierto hasta que la resolución quede firme.
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