El Ejecutivo municipal de Dina Huapi formalizó el traslado de la disputa por los balances al ámbito judicial de Río Negro, requiriendo la intervención del Superior Tribunal de Justicia para destrabar la parálisis generada por la falta de aprobación de los ejercicios 2024 y 2025. La determinación, argumentada públicamente durante una conferencia de prensa, obedece a una controversia de interpretación normativa con el Concejo Deliberante sobre los procedimientos de fiscalización de las cuentas públicas.
La presentación judicial fue promovida de forma conjunta por el intendente municipal, el presidente del Tribunal de Contralor y la presidenta del Concejo Deliberante, a partir del desacuerdo en la aplicación de una reciente ordenanza que fija pautas administrativas para el tratamiento de las cuentas generales. Según la postura de la Asesoría Letrada municipal, dicha norma pretende ser aplicada retroactivamente y colisiona con las atribuciones del propio cuerpo deliberativo. Si bien el planteo inicial se formuló mediante una acción de inconstitucionalidad, el máximo tribunal provincial procedió a su recaratulación formal como un conflicto orgánico de competencias, notificando a los ediles para expedirse sobre el asunto.
El origen de la disputa por los balances
Durante la exposición ante los medios, el asesor letrado municipal, Antonio Contreras, enfatizó la magnitud del estancamiento administrativo que atraviesa la comuna:
«Estamos terminando el tercer año de gestión y no hay un solo balance aprobado.», dijo Antonio Contreras.
Frente a las derivaciones institucionales de la controversia, el gabinete municipal buscó clarificar que la apelación a los estrados judiciales no procura soslayar los mecanismos de fiscalización ni restringir el acceso vecinal a la información pública, sino esclarecer los límites competenciales en la revisión final de las rendiciones presupuestarias. En relación con el propósito central de la acción legal, el secretario de Gobierno, Hernán Terrens, precisó el alcance de la postura oficial:
«No queremos que mañana se le diga a la comunidad que el Ejecutivo municipal judicializó un tema para no mostrar los balances. Al contrario, los balances están todos mandados, nada más que no los aprueban los concejales.», dijo Hernán Terrens.
Asimismo, la conducción gubernamental desestimó las críticas sobre la transparencia en el manejo financiero, aclarando que los presupuestos anuales cuentan con aprobación legislativa y que las desavenencias se circunscriben a las cuentas generales de la gestión actual. Al calificar las objeciones públicas promovidas por la oposición legislativa, Terrens rechazó la instrumentalización del debate presupuestario, señalando que más allá de los relatos, el Ejecutivo se basa en la documentación respaldatoria.
Por su parte, la Asesoría Letrada profundizó la fundamentación técnica de su rechazo a las disposiciones de la normativa municipal, sosteniendo que la responsabilidad del poder administrador concluye con la remisión del balance general, correspondiendo formalmente al estamento legislativo la elaboración del dictamen u ordenanza de aprobación posterior. Sobre este punto, Contreras puntualizó que la cuenta general de balance se envía desde el Ejecutivo, pero la ordenanza que la aprueba surge de un análisis posterior a ese balance.
En el transcurso del encuentro, los funcionarios respaldaron la corrección de los trámites vinculados a obras comunales, tales como el centro de monitoreo, el hospital en construcción, el plan director de agua, el salón de usos múltiples de Ñirihuau y la conexión vial de la calle Estados Unidos, ofreciendo detalles sobre la construcción del nuevo polideportivo municipal. Respecto a este proyecto, el Ejecutivo enfatizó que las actuaciones licitatorias ostentan aval documental continuo con participación de las autoridades de control. Para respaldar la legalidad de las partidas, Terrens detalló las actuaciones giradas al órgano fiscalizador:
«Tengo las notas del Tribunal de Cuentas diciendo que se aprueban las obras del polideportivo. La última presentación fue de 184 fojas con información que se mandó al Tribunal de Cuentas.», dijo Hernán Terrens.
El choque institucional incluyó además objeciones del Ejecutivo a la decisión del Deliberante de otorgar la exención de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene a un complejo de cabañas cuyo titular es el padre del expresidente del Concejo, Geronimo Barraquero. Dicho beneficio fue vetado por la Intendencia y ratificado por el cuerpo legislativo sin los procedimientos de rigor, motivando su remisión al órgano de control ante la presunción de manejo de influencias. De cara a las discusiones políticas previas al año electoral, Terrens requirió preservar el debate de la administración pública, advirtiendo que si se pretende hacer campaña, que no se realice ensuciando la gestión con los fondos públicos, por tratarse de cuestiones muy delicadas.




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