Por Tomás Guevara
Se acercan nuevas elecciones municipales en Septiembre. No hay precisiones aún sobre los candidatos, tampoco si el actual Intendente buscará la reelección. Pero tenemos certeza de que algunos temas van a estar seguramente atravesando las campañas electorales: el vertedero municipal, el transporte urbano de pasajeros, el acceso a servicios básicos en los barrios y, tal vez el más importante, el destino de la concesión del Cerro Catedral.
El año 2018 estuvo atravesado por el conflicto por la discusión de la prórroga del Cerro Catedral. Ante la negativa del Intendente de reconsiderar su propuesta, vecinos autoconvocados se organizaron y juntaron más de 6.500 firmas certificadas para decidir en un referéndum popular el destino de la concesión. Los Concejales del oficialismo desestimaron el planteo por una cuestión de forma. Lo que siguió después fue una creciente judicialización que impide hasta ahora, mediante una cautelar, al Intendente Gennuso firmar el contrato. Por eso, de cara a las elecciones es importante poner de relieve un aspecto del debate que pasó (casi) desapercibido.
Nuestra ciudad tiene un problema crónico de financiamiento. Esto se expresa en que gasta un enorme porcentaje de su presupuesto en salarios y funcionamiento mínimo, quedándole solo una ínfima parte para inversión en infraestructura urbana, tal vez la principal función de un municipio. Es por esto que depende mucho de las transferencias de los niveles provinciales y nacionales, lo que representa alrededor de la mitad de sus ingresos. La consecuencia la vemos cotidianamente en las calles de nuestros barrios: sistema de transporte deficitario, sistema de recolección y gestión de residuos colapsado, pésimo estado de la red vial, barrios enteros sin acceso gas de red, barrios enteros sin acceso regular al agua potable con problemas de abastecimiento, sobretodo en temporada estival, barrios que se inundan por falta de pluviales a las primeras lluvias, y una larga lista de etcéteras. Los referentes de las Juntas Vecinales conocen esta realidad mejor que nadie, y son muchas veces los receptores de las demandas de los vecinos ante las falencias de la gestión.
El Municipio debe discutir de forma urgente cómo va a financiar las obras de infraestructura urbana que necesita nuestra ciudad. Y ahí es donde el Cerro Catedral y su concesión vuelven a tomar una dimensión trascendente.
Si la ciudadanía y sus organizaciones intermedias, como las Juntas Vecinales, no aprovechan la oportunidad histórica que se abre con la discusión de la concesión del Cerro Catedral para garantizar que se genere un fondo específico para el desarrollo de infraestructura urbana, estaremos perdiendo, tal vez, la última oportunidad para garantizar el bienestar de nuestros vecinos.
En 2018 se planteó tímidamente esta discusión, pero de forma apurada y sin los elementos necesarios. A saber:
- La empresa CAPSA paga en concepto de canon 12.500 pases diarios de adulto de alta temporada, que representaron alrededor de $22 millones en 2018. A esto se suma un canon por publicidad cuya última liquidación conocida fue de alrededor de $4,5 millones. En total, son menos de $30 millones pagados en concepto de canon anual por la concesión, lo que representa el 1% del presupuesto municipal 2018.
- El contrato aprobado en 2018 implica una inversión de U$S 22 millones para modernización de los medios de elevación (hoy alrededor de $1.000 millones), hasta $8 millones para finalizar la construcción de dos gimnasios municipales en concepto de RSE y el patrocinio de 3 espacios verdes.
- También se incluía en el nuevo contrato que el 30% del canon deberá invertirse en obras y servicios de infraestructura en las zonas 3A y 3B, priorizando los barrios de Pampa de Huenuleo. Como la mitad del canon va para financiar al EAMCEC este monto representa menos de $5 millones al año para los barrios.
Cinco millones de pesos es lo que se aseguraron los barrios en la discusión del negocio más importante que tiene la ciudad. Con esa plata al día de la fecha se pueden asfaltar dos calles por año, con suerte. ¿Esa es la prioridad que le vamos a dar a nuestros barrios? La polémica Ecotasa genera varias veces ese monto, y todo vuelve a invertirse en los sectores vinculados al turismo. ¿Cuándo le va a tocar a nuestros barrios?
Creo que es necesario volver a plantear la discusión sobre la necesidad de generar un fondo específico para el desarrollo de infraestructura urbana que se nutra de diversas fuentes, pero que debe tener en la concesión del Cerro Catedral uno de sus principales recursos.
Si algo demostró el conflicto de 2018 es que el contrato de prórroga tal y como está planteado no tiene licencia social en la ciudadanía. Lo que debería hacer el gobierno municipal es iniciar con tiempo, como manda el contrato vigente, un proceso participativo y democrático de formulación de un pliego licitatorio para cuando finalice la concesión. Una decisión tan vital para el futuro de nuestra comunidad no puede tomarse a las apuradas y llevándose puesto las instituciones. Y los barrios y sus referentes deben ser un actor protagónico de ese debate.
Tomás Guevara
CONICET / CIETES-UNRN
