Denuncian a Walter Cortés por golpear la democracia de Bariloche. Cinco Concejales de distintos bloques presentaron una acción constitucional por “conflicto de poderes” ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Señalan que el Intendente atropelló la división de poderes al convocar unilateralmente a un referéndum con diez preguntas, invadiendo competencias que la Carta Orgánica Municipal reserva en forma exclusiva al Concejo Deliberante.
Los ediles Julieta Wallace, Leandro Costa Brutten, Roxana Ferreyra, Facundo Villalba y Samanta Echenique fueron quienes firmaron la demanda. Solo dos bloques no se sumaron a la presentación: el oficialista Partido Unión y Libertad (PUL) y Juntos Somos Río Negro. El resto coincidió en advertir que el accionar del Ejecutivo representa un duro golpe a la institucionalidad municipal y pone en jaque el sistema democrático de Bariloche.
Denuncian a Walter Cortés por avasallar al Concejo
El escrito judicial califica las resoluciones del Ejecutivo como un avasallamiento que vulnera la legalidad y erosiona la representación ciudadana. Entre los puntos que el intendente busca someter a las urnas figuran la creación de tributos, la ecotasa, la modificación de licencias sindicales, la emergencia habitacional y hasta proyectos que ya habían sido rechazados.
Para los concejales, esa maniobra constituye un golpe a la democracia local, porque desnaturaliza el referéndum y lo convierte en un atajo para saltar el debate institucional. El escrito subraya que la división de poderes no es una formalidad, sino el corazón del sistema representativo, y que el Ejecutivo quebró ese equilibrio al asumir facultades que no le corresponden.
Un conflicto de poderes con gravedad institucional
La denuncia insiste en que no se trata de un diferendo político, sino de un conflicto constitucional de extrema gravedad. Afirma que el intendente busca llevar a referéndum proyectos propios que no consigue aprobar en el Concejo o que incluso ya fueron rechazados, configurando una invasión directa a la esfera legislativa.
Los concejales advierten que el accionar del Ejecutivo “golpea la democracia” porque somete a la ciudadanía a consultas ilegales, con preguntas imprecisas y de alta complejidad técnica. Ahora será el Superior Tribunal de Justicia quien deba resolver si frena las resoluciones cuestionadas y restituye el orden institucional quebrado por el intendente.
