Los sindicatos estatales han anunciado un Paro Nacional ante la Reforma la Laboral. Esta medida se realizará el día de su tratamiento en el Senado de la Nación. La acción busca expresar un contundente rechazo a las modificaciones propuestas por el Gobierno nacional. La convocatoria surge de una resolución del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, impulsado por ATE Nacional.
El Paro Nacional ante la Reforma Laboral y el Plan de Lucha
El Secretario General de ATE Nacional, enfatizó la necesidad de esta acción. Afirmó que “ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero”. Sin embargo, destacó que no puede ser una medida aislada. Se evalúa un plan de lucha anticipado con posibles medidas de fuerza en provincias que respalden el proyecto oficialista.
Desde ATE adelantaron que este mandato se expresará en una reunión con sindicatos de la CGT, mañana en la sede de la UOM. Marcaron la importancia de salir a la calle antes del tratamiento en el Senado de la Nación. Considera crucial presionar a los gobernadores, corresponsables de esta legislación regresiva. La normativa, según Aguiar, retrotrae más de 100 años en derechos laborales. Pretende quitar protección a los trabajadores y multiplicar el poder de los empleadores.
Gremios de diversas actividades participaron en la reunión, además de ATE Nacional. Estuvieron presentes representantes judiciales, de salud, vialidad, energía, telecomunicaciones, bancarios, PAMI, portuarios y docentes universitarios. Jubilados, abogados y ex jueces laboralistas, junto a académicos, manifestaron su profunda preocupación.
La reforma laboral afecta al sector público, a pesar de afirmaciones del Gobierno nacional. Numerosos organismos estatales se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo. Figuran PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, DGI y Aduanas. También AGP, NASA y YCRT. Otros afectados son ACUMAR, el Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo y Belgrano Cargas.
El proyecto modifica la figura del monotributo, lo que podría perpetuar el fraude laboral. Esto afectaría al Estado nacional, provincias y municipios. Además, el artículo 79 altera la Ley 18.345. Esta ley asignaba competencia a la Justicia Laboral Nacional para controversias con el Estado. Con la modificación, los conflictos judiciales que involucren al Estado Nacional, en cualquiera de sus tres poderes, pasarán al fuero Contencioso Administrativo Nacional.
