La presentación formal del Proyecto de Ordenanza N.º 689-26 ante el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche busca establecer una respuesta institucional definitiva respecto a la situación de el edificio Ex ArboS, ubicado en Diagonal Capraro N.º 1216, esquina calle Sarmiento. La iniciativa parlamentaria fue impulsada tras el trágico hallazgo de una persona sin vida ocurrido el pasado 13 de agosto de 2026 en el interior de la estructura abandonada. Este acontecimiento reabrió un debate comunitario impostergable sobre el deterioro urbano, la inacción estatal y la falta de controles efectivos en una de las arterias viales y peatonales más transitadas de la localidad.
Intervención técnica en el edificio Ex Arbos
Frente a la problemática que la ciudad arrastra desde hace décadas respecto al antiguo Policlínico Arbos y ex Sanatorio del Sol, la propuesta legislativa presentada por el concejal Leandro Costa Brutten, del bloque Incluyendo Bariloche, exige una intervención integral de carácter preventivo para erradicar las condiciones de riesgo que amenazan la integridad física de vecinos y peatones. El proyecto no pretende prejuzgar sobre las circunstancias del fallecimiento, cuya investigación corresponde al Ministerio Público Fiscal y a las autoridades judiciales, pero coloca la atención en la pasividad estatal que facilitó la constante degradación del inmueble.
«Hay que determinar técnicamente si el edificio puede recuperarse o si debe demolerse, pero el Estado tiene que tomar una decisión y garantizar la seguridad de los vecinos», sostuvo el concejal Leandro Costa Brutten sobre la necesidad de contar con peritajes oficiales que evalúen los riesgos de desprendimiento en losas, fachadas, escaleras y cubiertas.
El articulado de la norma instruye al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar, dentro del plazo de quince días corridos de promulgada la norma, una inspección técnica profesional para diagnosticar las condiciones edilicias y la estabilidad del predio. Asimismo, la normativa contempla la adopción inmediata de medidas operativas de seguridad para clausurar los puntos de acceso no autorizados al predio. Entre las acciones exigidas al Ejecutivo se destacan el vallado perimetral, el tapiado de aberturas, la iluminación de prevención y la señalización de peligro. Estas tareas de resguardo físico deberán mantenerse mientras subsista la situación de riesgo y hasta tanto exista un pronunciamiento definitivo sobre el destino de el edificio Ex Arbos, impidiendo que la estructura continúe funcionando como foco de inseguridad y refugio precario.
Acciones legales y plazos administrativos
En el plano judicial, la iniciativa recurre a las herramientas previstas por la legislación provincial, invocando el artículo 623 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro. Esta figura legal habilita la denuncia de daño temido ante situaciones donde una edificación amenace con provocar un perjuicio grave e inminente a la comunidad. La aplicación de este recurso cautelar faculta a requerir auxilios judiciales urgentes, que abarcan desde reparaciones estructurales hasta la orden de demolición parcial o total si los peritajes dictaminan la inviabilidad técnica de la estructura.
El procedimiento otorga un plazo máximo de treinta días corridos a los propietarios o responsables jurídicos del bien, una vez notificados, para que ejecuten las obras necesarias o presenten un plan de demolición, conforme al Código de Edificación y al Código Urbano. En el supuesto de que los titulares mantengan la omisión, el Municipio encarará las actuaciones para ejecutar los trabajos requeridos, procurando que los costos generados sean cobrados a los privados responsables para resguardar las arcas públicas locales.
El proyecto añade un pilar enfocado en la transparencia administrativa y el control institucional. La normativa estipula que, elaborado el informe técnico en el plazo de quince días, el Ejecutivo deberá remitir copia íntegra al Concejo Municipal dentro de los cinco días hábiles subsiguientes. Además, la norma exige la comparecencia personal del Intendente de San Carlos de Bariloche ante el cuerpo deliberativo para exponer detalladamente las actuaciones realizadas, precisar las intimaciones efectuadas y dar cuenta de los avances en el ámbito judicial.
Finalmente, la iniciativa dispone remitir copia de la Ordenanza, los antecedentes administrativos y los informes periciales al Ministerio Público Fiscal y a las autoridades judiciales que intervienen en las actuaciones originadas por el hallazgo ocurrido el día 13 de agosto de 2026. Esta medida busca asegurar una articulación directa entre el Municipio y los organismos de la Justicia rionegrina, garantizando que las políticas de prevención del riesgo y la protección de la vida prevalezcan de manera colectiva sobre el abandono de la propiedad privada.
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