ATE Intima Judicialmente al Gobierno Nacional por la Desarticulación del Programa de Metrología Legal del INTI
La Asociación Trabajadores del Estado inicia acciones legales ante el riesgo de privatización y el impacto en la seguridad pública.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Nacional ha intimado judicialmente al Gobierno nacional con el propósito de que se revoque la Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), un organismo nacional, la cual desarticula y suprime las funciones del Programa de Metrología Legal. Esta área se encarga del control y la regulación de instrumentos sujetos a reglamentos nacionales, como los surtidores de combustible, las balanzas comerciales y diversos instrumentos médicos, generando un escenario en el que ATE inicia acciones legales ante lo que considera un vaciamiento que pone en riesgo tanto puestos de trabajo como la seguridad de la población.
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, manifestó que “el Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto”, y agregó que “esta resolución encubre un claro intento de privatización. Es llamativo que sean atacadas casualmente todas las funciones de control y fiscalización”. La medida, según el sindicato, no solo compromete la continuidad laboral de 147 trabajadores distribuidos en todas las provincias, sino que también afecta directamente la confiabilidad de las mediciones cotidianas que impactan en los consumidores.
En relación con las repercusiones de esta decisión gubernamental, Aguiar subrayó que “esta medida no sólo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que atenta contra la seguridad de toda la población”. Asimismo, expresó su preocupación por la potencial pérdida de estándares de medición, señalando: “Parece increíble, nunca nos imaginamos que se llegaría al momento en el que un kilo ya no sea un kilo o que en los surtidores de nafta un litro no sea realmente un litro”.
El Programa de Metrología Legal del INTI, un organismo nacional, desempeña un papel crucial en la verificación de la correcta medición de dispositivos como alcoholímetros, cinemómetros (utilizados para fotomultas) y balanzas comerciales, además de garantizar la exactitud en la dispensación de combustibles. La Resolución 213/25 implica que el organismo nacional cesará sus actividades de aprobación de modelos y certificación del correcto funcionamiento y medición de los instrumentos actualmente en uso. Aguiar concluyó advirtiendo que “es evidente que esto va a tener consecuencias graves y concretas en el funcionamiento cotidiano de numerosas empresas y son millones los ciudadanos que pueden verse afectados”, por lo que el sindicato realizará plenarios y asambleas para definir un plan de acción destinado a lograr la derogación de la resolución.
