La oficial del cuartel Ruca Cura en Bariloche fue absuelta en un juicio por calumnias, luego de que una jueza reconociera la violencia y hostigamiento laboral que sufrió. La oficial, con más de veinte años de servicio y descendiente de una familia histórica de bomberos, había sido acusada por su superior. El fallo determinó que sus declaraciones no constituían calumnias, sino una descripción de actos de persecución y maltrato laboral.
Fallo judicial reconoce violencia y hostigamiento laboral
El conflicto comenzó en mayo de 2023, cuando la oficial fue sancionada con 119 días de suspensión por presuntos incumplimientos en su área. La oficial argumentó que esta sanción era parte de un contexto de persecución y misoginia por parte de un jefe. Solicitó que la institución investigara, pero la respuesta fue demandar pruebas y una denuncia formal. En consecuencia, la oficial acudió a la Comisaría de la Familia, describiendo lo que vivía como violencia psicológica y simbólica. Las medidas cautelares dictadas a su favor en el fuero Laboral finalmente no prosperaron, ya que desistió del proceso buscando una solución pacífica.
Declaraciones y pruebas en el juicio por violencia laboral
El superior respondió con una querella por calumnias, alegando que las expresiones de la oficial dañaron su honor. Sin embargo, el abogado defensor argumentó que disculparse significaría aceptar la sanción y quedar expulsada del cuartel. Durante el juicio, se revelaron tensiones personales, con el querellante admitiendo una relación con la oficial, pero describiéndola como sin sentimientos. Los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp presentados como prueba contradijeron esta versión, respaldando el relato de la acusada sobre el hostigamiento laboral tras el fin de la relación.
La sentencia de la magistrada dejó claro que la acusación de calumnias no cumplía con el requisito de imputar un delito concreto de acción pública. Lo que la oficial presentó no fue una denuncia penal, sino la exposición de persecución y maltrato en una institución jerárquica. El fallo destacó que la oficial actuó buscando protección en un entorno adverso y que la institución no abrió instancias de investigación o acompañamiento, sino que aplicó sanciones que debilitaban su posición.
La sentencia, ya firme, subrayó que las acciones de la oficial eran parte de su legítimo ejercicio de derechos y que sus denuncias debían ser evaluadas en función de las normativas sobre violencia de género. La absolución confirmó que lo que se llevó a juicio no fue una imputación falsa, sino la manifestación de una situación de violencia que requería atención.
