La dimisión de Adrián Grau a su banca como convencional de Bariloche no ha logrado sofocar la marejada política ni administrativa que desencadenó su asunción. Diversos sectores vecinales, organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas locales manifestaron formalmente que la salida del representante de la boleta de Estamos Haciendo Bariloche resulta un paso ineludible, pero insuficiente para dar por concluido un episodio que consideran atentatorio contra la convivencia democrática. El exintegrante del cuerpo, quien ocupaba el sexto lugar en la nómina impulsada por el intendente Walter Cortés en alianza con el gobernador Alberto Weretilneck, enfrenta un severo reclamo de juzgamiento penal por sus manifestaciones públicas vinculadas a la apología del terrorismo de Estado y a la reivindicación de crímenes dictatoriales.
El conflicto judicial y la renuncia del convencional de Bariloche
El conflicto originario se produjo durante la contienda electoral, cuando cobraron estado público diversas publicaciones en la red social Facebook del pasado 22 de marzo en las que Grau reivindicaba al dictador Jorge Rafael Videla. Frente a la gravedad de las expresiones, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos formalizó una denuncia penal ante la fiscalía por apología del delito, a la cual adhirió Izquierda Socialista. No obstante los repudios crecientes, el intendente municipal procuró justificar al candidato sosteniendo que su cuenta personal había sido objeto de un hackeo, argumento que el propio Grau replicó en medios locales al momento de votar, ocasión en la que eludió condenar de manera explícita el genocidio militar y admitió su simpatía hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El clima institucional alcanzó su pico de tensión durante el acto de jura de las autoridades electas, jornada que tuvo repercusión en medios de alcance nacional. Pese a las requisas policiales dispuestas en los accesos al recinto, manifestantes de diversos sectores democráticos, referentes sindicales, el Frente de Izquierda Unidad y la agrupación Fuerza Bariloche desplegaron pañuelos blancos y expresaron su rechazo mediante abucheos y cánticos referidos a las 30.000 víctimas de la dictadura. En su discurso de cierre, el intendente Cortés continuó la defensa del dirigente alegando que la ciudadanía lo había elegido democráticamente y argumentando aspectos de su vida personal para victimizarlo, postura que fue calificada como una contradicción institucional por sectores opositores al recordar que el oficialismo obtuvo más de la mitad de los cargos con el 36% de los sufragios.
La convencional constituyente del Frente La Izquierda de los Trabajadores – PTS – MST, Alhue Gavuzzo, remarcó que la dimisión no exime de responsabilidades a las fuerzas de gobierno que impulsaron la lista y ratificó la continuidad de la vía judicial:
«Seguiremos adelante con la denuncia por apología del genocidio y amenazas a la izquierda, y exigiendo explicaciones al bloque que lo trajo hasta acá.», dijo Alhue Gavuzzo.
Asimismo, la representante del bloque de la izquierda recriminó la modalidad mediante la cual se dio a conocer el distanciamiento del dirigente, señalando que la falta de notificaciones formales hacia el cuerpo parlamentario devalúa el rol institucional de la Convención:
«¿Piensan seguir manejándose así? ¿La Convención está pintada?», cuestionó Alhue Gavuzzo.
Desde el peronismo local, a través del partido Nuevo Encuentro Bariloche, emitieron un pronunciamiento categórico donde ponderaron la renuncia presentada en la tarde de la jornada como un requisito indispensable para resguardar la legitimidad y el funcionamiento del proceso de reforma de la Carta Orgánica Municipal. Sin embargo, la agrupación puntualizó que la dimisión no debe significar un manto de impunidad sobre hechos tipificados por el Código Penal. Por tal motivo, la fuerza política requirió que el Poder Judicial intervenga con celeridad, rigor e independencia para determinar el alcance de las responsabilidades individuales, asegurando el irrestricto respeto al Estado de Derecho y a la ética en la función pública.
Por su parte, la bancada de la izquierda sostuvo que las derivaciones del caso exigen mantener las acciones de visibilización y el reclamo de rendición de cuentas hacia las máximas autoridades comunales y provinciales. Para este sector, la salida del convencional de Bariloche no cierra el debate político:
«La renuncia de Grau es un triunfo del repudio, pero esto no termina acá.», afirmó Alhue Gavuzzo.
El desarrollo de los acontecimientos deja en evidencia un contundente consenso social en la comunidad barilochense respecto del rechazo a discursos antidemocráticos en los órganos de representación vecinal. La atención colectiva permanece ahora enfocada en el avance de las actuaciones judiciales iniciadas contra el exintegrante del cuerpo y en las respuestas institucionales que deban brindar los líderes políticos que avalaron su candidatura en la lista municipal.




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