El STJ interviene en la denuncia por el referéndum en Bariloche. El máximo tribunal de Río Negro resolvió admitir la demanda presentada por concejales contra el intendente Walter Cortés y reconoció que la causa debe tramitarse como un conflicto de poderes. La decisión marca el inicio de un proceso que definirá si la convocatoria a la multiconsulta fue legal o constituyó un avasallamiento de facultades.
El planteo fue impulsado por ediles que cuestionaron un conjunto de resoluciones del Ejecutivo que llamaban a votar sobre diez temas distintos, desde la ecotasa hasta licencias gremiales. Según los concejales, Cortés intentó avanzar de manera unilateral en un terreno que la Carta Orgánica Municipal reserva al Concejo Deliberante.
Una pelea institucional abierta
El Superior Tribunal de Justicia dejó en claro que no se trata de un debate político más, sino de un posible conflicto constitucional. El fallo recordó que un conflicto de poderes surge cuando un órgano de gobierno invade la esfera de otro o impide su ejercicio. En este caso, el choque se da dentro del ámbito municipal, con un Concejo que se declara avasallado y un Ejecutivo que busca imponer un referéndum multitemático.
La Procuración General había opinado en la misma línea, indicando que la presentación de los concejales debía encuadrarse en esta figura constitucional y que la competencia correspondía al STJ en forma originaria.
Primer paso de la Justicia rionegrina
Como medida inicial, el tribunal ordenó al Ejecutivo que, en un plazo de cinco días, presente los antecedentes de las resoluciones impugnadas. Esta instrucción constituye el primer paso del proceso judicial y marca que la discusión comenzó a sustanciarse.
Con esta admisión, la Justicia rionegrina se ubica en el centro del conflicto político que enfrenta a Cortés con el Concejo Deliberante. El desenlace dependerá de cómo el STJ resuelva sobre la validez de la convocatoria al referéndum y los límites de cada poder en la vida institucional de Bariloche.
