El emprendimiento turístico en la reserva El Trébol generó una fuerte reacción vecinal. Además hubo una inédita intervención conjunta del Concejo Deliberante, el Tribunal de Contralor y la Defensoría del Pueblo. Acusan a la funcionaria Sofía Maggi de haber mentido y ocultado información clave, entre otras irregularidades en el Proyecto CAUMA.


La polémica en torno al proyecto CAUMA, derivó esta semana en un hecho político inédito en la ciudad. Solicitan la destitución de la secretaria de Planeamiento y Medio Ambiente, Sofía Maggi, tras una ola de denuncias por irregularidades administrativas, técnicas y ambientales.
Maggi, fue interpelada por el Concejo Municipal el 9 de mayo y fue señalada por haber incurrido en graves omisiones y falsedades en el expediente. Entre los elementos denunciados se encuentran la falta de certificados esenciales, como los de factibilidad de gas, electricidad y agua. Además, la omisión del certificado de aguas COCAPRHI, cuya ausencia derivó en la paralización de la obra apenas un día antes de su interpelación.



Fernando Sanchiz Muñoz, vecino del barrio Morenito Ezquerra, explicó que la funcionaria “mintió en reiteradas oportunidades al Concejo Deliberante. Asimismo, agregó que demostró absoluta ineficiencia en el manejo de los expedientes”. Según detalló el vecino, no se convocaron a las comisiones mixtas obligatorias de las reservas naturales afectadas. Además, el lote en cuestión se encuentra atravesado por un humedal que fue indebidamente clasificado como «poco apto», habilitando así un uso incompatible con su protección.
Entre otras Irregularidades en el Proyecto CAUMA, la dimensión del proyecto también generó alarma, ya que se trata de dos bloques de hormigón de más de 8.500 m² cubiertos, dentro de un área protegida. Por otro lado, cuenta con un acceso por un camino vecinal no habilitado, que atraviesa lotes privados.
Ahora, el expediente deberá ser analizado por el Concejo Deliberante, que podría emitir una declaración solicitando su apartamiento del cargo. Si bien la decisión final recae en el intendente Walter Cortés, el pedido deja en evidencia el creciente malestar de distintos sectores ante una obra que, se ha convertido en símbolo de falta de diálogo, improvisación y deterioro del espacio público.
La próxima sesión legislativa será clave para definir los pasos a seguir y para determinar si el Ejecutivo municipal responderá al llamado de atención de los organismos de control y planificación. Mientras tanto, el reclamo por una ciudad más participativa, inclusiva y ordenada sigue sumando voces.
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