El planteo judicial se apoya en un pedido concreto: pide suspender el aumento del valor del boleto de colectivo autorizado por el Ejecutivo municipal junto a la empresa concesionaria vinculada al empresario Pedro Ponte. La Defensoría sostiene que la suba se resolvió a partir de un procedimiento irregular y en violación de las normas que regulan la participación ciudadana.
La acción de amparo colectivo y el pedido de medida cautelar fueron presentados luego de que se agotaran las instancias administrativas y no existiera respuesta a los reclamos formales realizados por el organismo. Según se indicó, la Municipalidad avanzó con el incremento tarifario pese a los cuestionamientos planteados y sin subsanar las irregularidades señaladas en el proceso previo.
Uno de los ejes centrales del planteo es la Audiencia Pública convocada para tratar la revisión tarifaria del transporte urbano. Desde la Defensoría advirtieron que esa instancia no cumplió con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente y que esas fallas afectan directamente la validez de la resolución que autorizó el aumento.
Pide suspender el aumento por irregularidades en el proceso
Entre las principales irregularidades señaladas por la Defensoría se enumeraron:
- Incumplimiento de los pasos obligatorios previstos por la ordenanza.
- Falta de transmisión en vivo y ausencia de acceso público a la grabación completa.
- Omisión de instancias formales de preguntas para el público.
- Pedidos de informes sin respuesta por parte del Ejecutivo municipal.
Según se sostuvo, estas falencias no son meramente administrativas. Afectan el derecho de acceso a la información pública y el derecho de participación ciudadana en decisiones que impactan de manera directa sobre un servicio público esencial.
En paralelo a la acción judicial, la Defensoría presentó prontos despachos ante el Ejecutivo Municipal y la Secretaría Legal y Técnica, exigiendo el dictamen legal que respalda el aumento, la información utilizada para definir la suba y los criterios de implementación del nuevo cuadro tarifario. Además, se interpuso un Recurso de Revocatoria contra la decisión del Ejecutivo de no anular la Audiencia Pública cuestionada.
El pedido concreto a la Justicia
La presentación judicial solicita tres medidas puntuales:
- Suspender de inmediato la aplicación del nuevo valor del boleto.
- Declarar la nulidad de la resolución que autorizó el aumento.
- Convocar a una nueva Audiencia Pública Obligatoria, con información clara, acceso público y participación real de la comunidad.
Desde la Defensoría remarcaron que la ley es clara y que no se puede modificar la tarifa de un servicio público sin una Audiencia Pública válida. También advirtieron que el aumento del boleto impacta de manera directa en la vida cotidiana de vecinas y vecinos, profundizando las dificultades para acceder al trabajo, la educación y la salud.
Finalmente, señalaron que el conflicto no se limita al valor del boleto, sino a la forma en que se tomó la decisión, sin respetar los procedimientos legales ni garantizar la participación ciudadana.
