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Odarda impulsa la primera ley de emergencia social contra Violencia de Género

En un contexto de desmantelamiento de políticas de género, Magdalena Odarda presenta una ley pionera en Río Negro para combatir la violencia machista. La propuesta surge en respuesta a la urgencia social y el clamor de organizaciones feministas y comunidades originarias, destacando medidas como la restricción de armas para policías con antecedentes. ¿Podrá esta ley marcar un cambio real en la provincia?
Odarda impulsa la primera ley

La legisladora Magdalena Odarda impulsa la primera ley de emergencia social intercultural contra la violencia de género en Río Negro. Esta iniciativa, presentada junto a las legisladoras Ayelén Spósito y Ana Inés Marks, busca abordar una problemática urgente en la provincia. El proyecto, pionero a nivel nacional, fue desarrollado en conjunto con organizaciones sociales, feministas y representantes de comunidades originarias, quienes han demandado políticas públicas efectivas para combatir la violencia machista.

Odarda explicó que el contexto actual, marcado por el desmantelamiento de políticas de género a nivel nacional y provincial, ha motivado esta propuesta. La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el recorte de programas como Acompañar han debilitado los esfuerzos de prevención y asistencia. En Río Negro, la reducción del área de género a una subsecretaría sin suficiente financiamiento agrava la situación.

Odarda impulsa la primera ley para combatir la violencia de género

Entre las medidas centrales del proyecto, se destaca la restricción de portación de armas de fuego para personal policial con antecedentes de violencia de género. Además, se creará el Registro Provincial de Mujeres y Diversidades Desaparecidas y/o Extraviadas, lo que permitirá investigar con perspectiva de género los casos de desapariciones que podrían estar vinculados a femicidios o trata de personas.

El proyecto también contempla la creación de un Área de Género y Diversidades dentro de la Policía de Río Negro, con competencias específicas para abordar la violencia institucional y comunitaria. Esto responde a casos como el de Stefanía Civardi, asesinada en Bariloche por su pareja policía con un arma reglamentaria, un hecho que el Estado no puede permitir que se repita.

El texto prevé la ampliación de los sistemas de atención territorial, la implementación de oficinas tutelares y casas refugio, y el fortalecimiento presupuestario de programas de acompañamiento. Además, establece la aplicación obligatoria de la Ley Micaela en todos los organismos estatales de Río Negro, garantizando formación presencial y mecanismos de control.

Finalmente, Odarda destacó el apoyo de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Bariloche, la Asamblea Feminista de Cinco Saltos y otras organizaciones en la elaboración del proyecto. «La violencia por razones de género no puede seguir siendo una estadística. Esta ley busca ser una herramienta concreta para revertir esa realidad con compromiso político, presupuesto y decisión institucional», concluyó la legisladora.

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