Imagen creada, a fines ilustrativos, por Bariloche En Redes con Inteligencia Artificial
Ante la creciente incursión de capitales y autoridades de Emiratos Árabes Unidos en zonas estratégicas de Río Negro, la legisladora provincial Magdalena Odarda, del Bloque Vamos con Todos, exige control estatal y ha presentado un contundente pedido de informes ante el Ministerio del Interior a nivel nacional, demandando explicaciones detalladas. Esta solicitud surge tras la reciente llegada de dos aeronaves provenientes de Emiratos Árabes Unidos a San Carlos de Bariloche, transportando contingentes de ciudadanos extranjeros, en un contexto que precede la confirmada visita del presidente de dicho país, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, quien arribará a la ciudad con el declarado propósito de avanzar en la adquisición de extensas superficies de tierras en la región.
Odarda ha enfatizado que esta situación trasciende el ámbito turístico o protocolar, configurándose como operaciones concretas de compra de suelo en áreas sensibles, algunas de las cuales se encuentran bajo el estricto régimen de seguridad de fronteras, lo que demanda la máxima transparencia y un riguroso control estatal.
«Esta situación trasciende el ámbito turístico o protocolar, configurándose como operaciones concretas de compra de suelo en áreas sensibles, algunas de las cuales se encuentran bajo el estricto régimen de seguridad de fronteras, lo que demanda la máxima transparencia y un riguroso control estatal.»
Adquisiciones en Áreas Estratégicas y Marco Legal
La legisladora ha señalado que estas transacciones se proyectan en áreas de elevado valor estratégico, no solo por su privilegiada localización geográfica, sino también por su intrínseca vinculación con infraestructura crítica y recursos naturales vitales para el país. En este sentido, el pedido de informes busca establecer con precisión si estas adquisiciones cumplen con la obligatoria conformidad previa que estipulan normativas fundamentales como el Decreto Ley 15.385, la Ley de Defensa Nacional y la Ley 26.737 de Tierras Rurales, instrumentos legales diseñados para salvaguardar el patrimonio y la seguridad territorial de la nación.
Un aspecto crucial que Odarda ha puesto de manifiesto es la significativa coincidencia temporal y geográfica: las proyectadas compras de tierras se sitúan en la misma provincia donde se prevé la llegada de buques destinados al transporte de Gas Natural Licuado (GNL), lo cual posiciona a Río Negro como un eje central en la estrategia energética nacional. Esta interrelación entre energía, territorio y la notable presencia de capitales extranjeros, según la legisladora, no puede ser soslayada, pues configura un escenario de profundo interés público y estratégico.
Odarda exige control estatal frente a la opacidad en las transacciones
Adicionalmente, la representante provincial ha alertado sobre la potencial utilización de personas físicas o jurídicas como interpósitas personas, una práctica explícitamente proscrita por la legislación vigente que, de comprobarse, podría configurar una simulación ilícita y un fraude directo al Estado argentino. Odarda ha sido enfática al afirmar que, si se verifica que estas operaciones se han llevado a cabo eludiendo los controles establecidos o mediante estructuras opacas, se estaría frente a una grave vulneración de la soberanía nacional y de la seguridad del país, lo cual exige una investigación exhaustiva y consecuente.
Finalmente, la legisladora ha sido categórica en su postura, declarando que la Patagonia no debe ser considerada una zona liberada ni un territorio disponible para negociaciones carentes de transparencia. Ha recalcado la obligación indelegable del Estado nacional de ejercer un control riguroso sobre quién adquiere tierras, dónde y con qué finalidades, especialmente cuando estas operaciones involucran zonas de frontera y áreas estratégicas para el futuro energético del país. En este contexto, Odarda ha manifestado su firme determinación de exigir todas las explicaciones necesarias, asegurando que su bloque no retrocederá en la defensa de los intereses públicos y la soberanía territorial.
«La Patagonia no debe ser considerada una zona liberada ni un territorio disponible para negociaciones carentes de transparencia.»
