Poder Judicial

Odarda denunció a Weretilneck

Sergio Fontana Yusef · 12 de agosto de 2025

La denuncia de Magdalena Odarda contra el gobernador de Río Negro por acuerdos con una empresa británica sancionada sacude la política provincial. La legisladora acusa al gobierno de comprometer la soberanía nacional y pone en riesgo la biodiversidad y la economía local. Este conflicto podría desencadenar un juicio político, desatando un torbellino de escrutinio público y legal sobre las autoridades provinciales.

La denuncia de Magdalena Odarda contra el gobernador de Río Negro marca un punto crítico en la política provincial. Odarda denunció a Weretilneck por negociar con empresa británica sancionada, un hecho que ha generado gran controversia. La legisladora del bloque Vamos con Todos presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas contra Alberto Weretilneck y sus funcionarios, por posibles delitos de acción pública.

La denuncia se basa en acuerdos firmados entre el Gobierno de Río Negro y el consorcio Southern Energy, que incluye a Harbour Energy y la firma británica Premier Oil. Esta última fue sancionada en 2012 por Argentina debido a su explotación ilegal en la cuenca de las Islas Malvinas, contraviniendo la Ley Nacional 26.659.

Odarda denunció a Weretilneck por negociar con empresa británica sancionada

Odarda advierte que la habilitación de buques licuefactores en el Golfo San Matías para exportar gas natural licuado representa un riesgo para la biodiversidad, la actividad turística y la pesca. Además, considera que estos acuerdos atentan contra la soberanía nacional. En un contexto donde el Reino Unido sigue desoyendo las resoluciones de la ONU sobre la soberanía de las Malvinas, entregar recursos naturales a intereses británicos es, según la legisladora, una afrenta a la memoria de los caídos y las víctimas del hundimiento del ARA General Belgrano.

Odarda también informó que se redactará un escrito solicitando el juicio político contra las autoridades provinciales responsables. La situación plantea un desafío significativo para el gobierno provincial, que deberá enfrentar el escrutinio público y legal por sus acciones.

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