Cada verano, el cielo del sur argentino se tiñe de un gris asfixiante que ya no debería sorprendernos, pero que nos sigue doliendo. En la Patagonia en cenizas, las imágenes de brigadistas exhaustos, bosques milenarios convertidos en esqueletos de carbón y familias evacuando con lo puesto se han vuelto una macabra tradición estacional. Sin embargo, el mayor peligro para la región no es el fuego ni la sequía: es la ceguera política y la indiferencia centralista.
Estamos ante una tormenta perfecta donde el cambio climático pone la pólvora y la negligencia humana —o la intención criminal— enciende el fósforo. Los expertos son claros: ya no enfrentamos los incendios de hace treinta años. Hoy combatimos fenómenos de “sexta generación”, tormentas de fuego que desafían cualquier lógica de control y que repiten ciclos de destrucción en apenas una década, cuando antes tardaban un siglo.
Lo que el biólogo Javier Grosfeld define como una “transición ecológica” es, en realidad, un funeral en cámara lenta. Estamos permitiendo que nuestros bosques de lengas y coihues se degraden hasta convertirse en matorrales inflamables. No es solo paisaje lo que perdemos; es la capacidad de nuestras cuencas para retener agua, es el suelo que se erosiona y es la biodiversidad que, una vez convertida en ceniza, no tiene un botón de reiniciar.
El ajuste que quema
La crítica más feroz, sin embargo, no debe dirigirse al cielo ni a la atmósfera, sino a los despachos oficiales. Resulta criminal que, en un contexto de crisis climática evidente, el presupuesto para el Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) sea tratado como un gasto prescindible.
Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en 2024, a pesar de haber sido el año con mayor cantidad de incendios reportados en los últimos nueve, el Gobierno decidió transferir el Servicio Nacional de Manejo del Fuego de la órbita de Ambiente al Ministerio de Seguridad Nacional.
El Gobierno nacional solo giró la mitad de los fondos que le corresponden por ley a las dependencias oficiales encargadas de apagar incendios y atender emergencias.
Las cifras no mienten: ejecutar apenas una fracción del presupuesto mientras el país arde no es eficiencia fiscal, es abandono de activos estratégicos. Proyectar una caída real del 70% en los fondos para 2026 es, lisa y llanamente, una invitación al desastre. La política argentina sigue atrapada en la lógica del cortoplacismo: invertir en prevención no da fotos de campaña, pero ver un avión hidrante sobrevolar el desastre sí parece gestión. Para cuando el avión despega, el ecosistema ya ha muerto.
Además, en julio de 2025, el gobierno de Javier Milei disolvió el Fondo Nacional de Manejo del Fuego mediante el Decreto 463/2025. Era el mecanismo que permitía contar con financiamiento automático para la prevención del fuego a partir de un aporte del sector asegurador.
Una advertencia para todos
Es hora de romper con la idea de que los incendios patagónicos son un problema del sur. Lo que se quema en la cordillera afecta la disponibilidad de agua, altera el régimen de lluvias y acelera el colapso ambiental que, tarde o temprano, golpeará a las grandes urbes.
Desde que asumió como presidente de la Nación, Javier Milei reiteró su postura sobre el cambio climático en distintos espacios, desde su libro hasta redes sociales, afirmando que es un ciclo natural. Será muy difícil la pelea teniendo terraplanistas de este tamaño en la toma de decisiones.
La Patagonia no es una postal vacía para el turismo; es un organismo vivo que nos está enviando una señal de auxilio. Si el Estado sigue planificando como si el clima no hubiera cambiado, y si la sociedad sigue mirando hacia otro lado hasta que el humo llega a la ciudad, seremos cómplices de la transformación de nuestro patrimonio natural en un desierto estéril.
El fuego se apaga con agua, pero se previene con presupuesto, ciencia y voluntad política. Por ahora, nos está faltando de las tres.
