La Lista Celeste, espacio opositor en la Cooperativa de Electricidad de Bariloche (CEB), adeviritió que iniciará acciones de impugnación contra la reciente reforma electoral de la CEB aprobada durante la última asamblea ordinaria. La controversia se originó tras el tratamiento legislativo interno impulsado por la conducción institucional el pasado 20 de agosto, donde se avalaron modificaciones en las reglas para la renovación de autoridades. Desde el sector denunciante sostienen que la jornada estuvo viciada de ilegalidad debido a la ausencia de la mayoría calificada requerida por el estatuto para refrendar dichas enmiendas, además de señalar maniobras orientadas a impedir la emisión de votos determinantes.
La presentación administrativa preliminar busca frenar la aplicación del nuevo marco normativo, como paso previo a una posible instancia ante el Poder Judicial. Tomás Guevara, integrante de la Lista Celeste, expuso durante una entrevista en el programa Comenzando La Mañana, emitido por el medio Bariloche En Redes, que la bancada oficialista procedió al cierre del debate sin contar con el quórum normativo estipulado para consumar una reforma estatutaria.
«Nosotros vamos a impugnar el resultado y es muy probable que lleguemos a judicializarlo», afirmó Tomás Guevara.
Según explicaron los dirigentes opositores, la moción promovida por la actual conducción no alcanzó las voluntades mínimas necesarias durante el plenario de delegados representantes de los asociados. Las críticas también apuntaron a la actuación de los veedores de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de Río Negro, a quienes acusaron de convalidar el trámite a pesar de las irregularidades denunciadas.
«No reunían los dos tercios necesarios para esta modificación e impidieron el voto de una delegada. No tenían los votos para aprobar esa reforma», remarcó Guevara al detallar lo acontecido durante la jornada deliberativa.
Cuestionamientos a la reforma electoral de la CEB
El nudo central del cuestionamiento radica en el endurecimiento de las condiciones impuestas a las listas que pretendan competir por la conducción. Las modificaciones restringen el acceso democrático al incrementar las exigencias administrativas, otorgando facultades discrecionales al Consejo de Administración para la división de distritos electorales. El referente opositor enfatizó el impacto negativo que estas medidas generarán sobre la transparencia de los comicios internos.
«Hicieron un cambio en el reglamento electoral para que sea todavía más difícil participar. Aumenta la cantidad de avales y la cantidad de requisitos», enfatizó el dirigente respecto a la normativa. Asimismo, la oposición alertó sobre el esquema fijado para la próxima convocatoria a las urnas, en la cual únicamente se habilitará el sufragio para el cuerpo de delegados, postergando la renovación de las autoridades ejecutivas.
«Este año va a haber elecciones solamente de delegados, se prorrogaron los mandatos de manera arbitraria», indicó Guevara al cuestionar la suspensión de los recambios en el Consejo de Administración y la Sindicatura. De acuerdo con el planteo de la Lista Celeste, esta decisión consolida una práctica de exclusión que ya tuvo precedentes inmediatos en el turno eleccionario anterior, donde la lista opositora sufrió anulaciones de tramos enteros.
«El año pasado pudimos participar como delegados y como síndicos, pero nos bajaron el tramo de consejeros de manera arbitraria», recordó el dirigente para ilustrar la habitualidad de las trabas burocráticas implementadas por la conducción que encabeza Alejandro Posas. Para el espacio opositor, la acumulación de exigencias persigue como meta final la conformación de listas únicas que obturen la participación plural en la entidad.
El conflicto se inscribe en un escenario de malestar social vinculado al rendimiento operativo de la distribuidora y a la estructura tarifaria aplicable a los usuarios locales. Los opositores señalan que los impedimentos a la participación democrática repercuten directamente en los costos de las prestaciones esenciales recibidas por la comunidad barilochense.
«Tenemos la segunda tarifa más cara del país en electricidad y problemas de falta de transparencia que llevaron a que se caiga el contrato de alumbrado público», aseveró Guevara al vincular las trabas normativas con el estado financiero del sistema.
Por último, el reclamo pone el foco en la necesidad de garantizar estándares de acceso a la información pública dentro de la cooperativa. La falta de publicidad en torno a los haberes asignados a las autoridades constituye uno de los pilares de la demanda por mayor control ciudadano sobre los bienes de los asociados.
«Todos nosotros somos asociados y tenemos que poder saber cuánto cobran los directores de nuestra cooperativa», concluyó el referente al finalizar su exposición sobre la reforma electoral de la CEB.
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