La Unidad Jurisdiccional Civil N° 5 de San Carlos de Bariloche ha emitido una sentencia determinante. La Justicia ordena garantizar el funcionamiento pleno de la Escuela Hogar N° 152 de Cerro Alto en un plazo máximo de 45 días, marcando un hito en la protección de la educación rural.
El fallo, dictado por el juez Cristian Tau Anzoátegui, responde favorablemente al recurso de amparo interpuesto por las familias de la comunidad educativa, quienes han sostenido una lucha prolongada para evitar el desmantelamiento de esta institución. La legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, calificó la resolución como un precedente histórico y exigió al Poder Ejecutivo provincial que desista de cualquier intento de apelación.
La Justicia ordena garantizar el funcionamiento de la institución
La controversia se originó tras la Resolución N° 1120/2026, mediante la cual el Ministerio de Educación, bajo la gestión de la ministra Patricia Campos y el gobierno de Alberto Weretilneck, fundamentó el cierre del establecimiento en la emergencia hídrica vigente en la región.
No obstante, la legisladora Odarda refutó estos argumentos, sosteniendo que la emergencia fue utilizada como una excusa administrativa para justificar una decisión arbitraria. Tras realizar visitas de inspección técnica, la parlamentaria ratificó la existencia de recursos hídricos y alternativas viables para asegurar la continuidad pedagógica.
«La sentencia reafirma la preeminencia del derecho a la educación sobre los criterios de eficiencia presupuestaria o administrativa que el Estado provincial pretendió imponer bajo el pretexto de la crisis hídrica.»
Un límite a las políticas de recorte
Este desenlace judicial no solo representa una victoria para los padres y estudiantes de Cerro Alto, quienes mediante abrazos simbólicos y acciones de visibilización lograron poner el conflicto en la agenda pública, sino que también establece un límite claro a las políticas de recorte en el ámbito rural.
La resolución judicial obliga al Ministerio de Educación a revertir su postura, garantizando que el derecho a la educación prevalezca sobre las justificaciones técnicas que fueron cuestionadas por la comunidad educativa durante todo el proceso.
