En un paso contundente hacia la garantía de los derechos de las infancias y la transparencia en el cumplimiento de las obligaciones, la Justicia de Familia garantiza el cobro de deudas alimentarias en Bariloche, ordenando una exhaustiva investigación sobre bienes y cuentas bancarias en el marco de una ejecución por deuda alimentaria.
Esta medida judicial busca asegurar el cobro de una suma que asciende a 1,5 millones de pesos más los intereses correspondientes, representando un claro mensaje sobre la determinación de la justicia para hacer cumplir los compromisos asumidos y proteger el bienestar de las familias.
La decisión, dictada mediante un proceso monitorio —un mecanismo diseñado para agilizar este tipo de reclamos cuando ya existe una obligación establecida—, subraya la firmeza con la que la justicia aborda estos temas. La jueza interviniente, tras verificar los requisitos formales, habilitó la ejecución hasta cubrir el capital adeudado, con intereses que se calcularán conforme a las tasas fijadas por el Superior Tribunal de Justicia. Para ello, se dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Patagonia, donde se depositarán las sumas obtenidas.
La medida judicial busca asegurar el cobro de una suma que asciende a 1,5 millones de pesos más los intereses correspondientes.
Cómo la Justicia de Familia garantiza el cumplimiento de las obligaciones
Con el objetivo de reconstruir la situación patrimonial del progenitor deudor, la Unidad Procesal de Familia ha desplegado una serie de oficios. Se solicitaron informes al Registro de la Propiedad Automotor e Inmueble para identificar bienes registrables, y a la Agencia de Recaudación para conocer su situación laboral o tributaria, incluyendo si se encuentra bajo relación de dependencia o en el régimen simplificado, con detalles de su empleador o su categoría e ingresos como monotributista.
Paralelamente, la investigación se extiende al sistema financiero y al comercio electrónico, solicitando información al Banco Central para identificar cuentas bancarias a su nombre y a una plataforma de comercio electrónico para verificar actividad económica. Todas estas acciones se orientan a detectar posibles fuentes de ingresos o activos sobre los cuales avanzar, asegurando que los compromisos alimentarios no queden impunes.
Rastreo de bienes y cuentas: el alcance de la medida
El deudor tiene un plazo de cinco días para realizar el pago voluntario o presentar las excepciones que la ley contempla. En caso de no hacerlo, el proceso continuará con las herramientas propias de la ejecución, que permiten avanzar sobre bienes o ingresos para hacer efectivo el cobro.
El deudor tiene un plazo de cinco días para realizar el pago voluntario o presentar las excepciones que la ley contempla.
Este tipo de procesos se activa cuando existe un acuerdo alimentario incumplido, y las unidades procesales de Familia no solo homologan convenios o fijan cuotas, sino que también ejecutan sus propias decisiones para garantizar su cumplimiento. La investigación patrimonial detallada, el requerimiento de información a organismos públicos y privados, y la posibilidad de actuar sobre cuentas, bienes o ingresos, son instrumentos esenciales con los que cuentan las juezas y jueces de Familia.
Las herramientas judiciales buscan incidir directamente sobre la conducta del deudor, generando las condiciones necesarias para que cumpla con sus obligaciones alimentarias y fortaleciendo la seguridad jurídica y el bienestar de las familias.
En definitiva, con estas herramientas, la Justicia de Familia garantiza la seguridad jurídica y el bienestar de las familias en Bariloche, incidiendo directamente sobre la conducta de la persona deudora para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
