Un fallo judicial reciente anuló una multa, una clausura y una resolución del intendente de Bariloche contra un local gastronómico en el Aeropuerto Internacional de Bariloche. La sentencia determinó que la Municipalidad carece de autoridad sobre dicho terreno, alineándose con decisiones previas de la Corte Suprema y el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
Falta de competencia municipal en el Aeropuerto Internacional de Bariloche
El conflicto legal surgió cuando la Secretaría de Fiscalización de Bariloche realizó una inspección en el local gastronómico ubicado en el primer piso del aeropuerto. Los inspectores detectaron la ausencia de habilitación municipal y la falta de documentación que acreditara el inicio de dicho trámite. Esto resultó en una sanción económica de $99.297 y la clausura del comercio, dictadas por el Juzgado de Faltas N.º 1. A pesar de que la empresa presentó un descargo, el intendente ratificó las medidas. La firma, Patagonia Food S.R.L., cuestionó la validez del juez de faltas, argumentando que su mandato estaba vencido.
La empresa afectada recurrió al fuero Contencioso Administrativo para anular las sanciones. En su defensa, argumentó que el comercio opera en tierras federales bajo la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi, no válidamente incorporadas al ejido municipal. La ley provincial 3978, que anexó al municipio una franja de tierras incluyendo el aeropuerto, ya había sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema en 2024.
El reciente fallo judicial no solo canceló las sanciones, sino que reafirmó la falta de jurisdicción del municipio de Bariloche sobre el aeropuerto. El juzgado declaró inconstitucional la ley provincial en este caso específico, impidiendo a la Municipalidad ejercer poder de policía o exigir habilitaciones comerciales en el aeropuerto.
El caso subraya la complejidad del conflicto territorial y legal en Bariloche, destacando la necesidad de clarificar las competencias entre las autoridades locales y federales. La sentencia, aunque de primera instancia, podría ser apelada, prolongando así la disputa jurídica.
