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Río Negro: el Feudo del Gran Titiritero

Río Negro atraviesa un proceso de degradación institucional que ya no puede explicarse como una suma de hechos aislados. Decisiones judiciales, vínculos políticos y privilegios económicos se articulan en un esquema de poder que excede a una gestión y expone un modelo. En esta editorial se analizan fallos, nombres propios y antecedentes que permiten entender cómo se construye una red de protección para unos pocos, mientras se vacían los principios básicos del Estado de Derecho.
Feudo del Gran Titiritero

En un contexto global donde la impunidad de los poderosos parece haberse convertido en moneda corriente, Río Negro ha dejado de ser una excepción para transformarse en un caso de estudio. No hace falta mirar hacia el Norte para encontrar figuras que desafían la institucionalidad con la ligereza de quien se sabe dueño del tablero. Aquí, en el sur, el Feudo del Gran Titiritero se expresa en una versión local de un caudillo que, bajo un disfraz de pragmatismo provincial, ha logrado algo que hasta a Donald Trump le costó consolidar: un control casi quirúrgico sobre los tres pilares del Estado.

Sabido es que la guardia pretoriana del Gobernador tiene nombre en la Legislatura, Facundo López; en la Justicia, Ricardo Apcarián, cipoleño del riñón del jefe provincial, sumado esto al arco de la prensa y sus innumerables arqueros preparados para el operativo desviación de temas y factor distractivo.

La Justicia como escudo del Ejecutivo

El reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que anuló multas millonarias contra el Ministerio de Salud no es un hecho aislado; es el síntoma de una enfermedad crónica. Cuando el juez de Cipolletti, Marinucci, aplicó astreintes por la demora prolongada e injustificable en la atención de una paciente, intentó ejercer la función básica de la justicia: proteger al vulnerable frente a la desidia estatal.

Sin embargo, el STJ actuó como un equipo de control de daños del Gobierno. Al revocar una sanción de más de 15 millones de pesos, el máximo tribunal no solo le ahorró un problema financiero a Alberto Weretilneck, sino que envió un mensaje disciplinador a los jueces de primera instancia: el Estado rionegrino no se toca, aunque la salud de sus ciudadanos esté en juego.

Lazos de sangre política

Para entender por qué el STJ falla como falla, solo hay que mirar la genealogía de sus miembros. La presidencia de Ricardo Apcarián no es fruto del azar. Su pasado como abogado personal y asesor de Weretilneck en la Municipalidad de Cipolletti revela una proximidad que anula cualquier apariencia de imparcialidad. ¿Cómo puede el ciudadano común confiar en un tribunal cuyo máximo referente fue el encargado de cuidar la firma del hoy Gobernador?

Esta relación de empleado–empleador trasladada a las cumbres del Poder Judicial explica hitos de vergüenza institucional, como el intento de habilitar una re-reelección en 2019, que terminó siendo un papelón jurídico corregido únicamente por la Corte Suprema de la Nación.

El modelo Lago Escondido: privilegios para pocos

La tríada de poder se completa con la entrega de la soberanía territorial. El fallo de agosto de 2023 sobre Lago Escondido es la pieza final del rompecabezas. Al revocar el acceso por el camino de Tacuifí y reducir el derecho ciudadano a un sendero de montaña de 33 kilómetros, el STJ no solo favoreció a Hidden Lake S.A. y al magnate Joe Lewis; selló una alianza estratégica entre el Ejecutivo provincial y el capital extranjero por encima del derecho constitucional.

Conclusión: el Feudo del Gran Titiritero y la impunidad

Comparar a Weretilneck con Trump puede parecer, a simple vista, una hipérbole. Pero el análisis de fondo vuelve la comparación pertinente: ambos construyen sistemas donde la ley es un obstáculo a sortear y los jueces piezas de un engranaje personalista.

Río Negro asiste hoy a una función de títeres donde los hilos son invisibles para el ojo desprevenido, pero evidentes para quien se atreve a mirar la estructura. Mientras el Gobernador hace demagogia con el discurso popular, sus manos mueven las palancas que protegen a los magnates y desprotegen a los enfermos. En la provincia del “todo queda en familia”, la justicia no es ciega: tiene los ojos bien abiertos para saber a quién debe favorecer.

Si se busca cada reducto de suciedad de la administración provincial, aparece siempre un hombre que responde al gobernador, desde la posición o desde la caja. Incluso en YPF colocó a su pareja, Andrea Confini, actual secretaria de Energía provincial. Es obsceno, grotesco y propio de administraciones que gobiernan desde las sombras, con marionetas aún activas bajo el mando del monje negro.

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