Las Familias de Cerro Alto recorrieron más de 150 kilómetros hasta San Carlos de Bariloche para exigir el cumplimiento efectivo de la orden judicial que dispone la reapertura de la Escuela 152. La comitiva, integrada por madres de alumnos y acompañada por representantes de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), se presentó ante las autoridades del Consejo Escolar de la Zona Andina con el propósito de destrabar un conflicto de infraestructura y gestión educativa que acumula siete meses sin resolución tras la clausura del establecimiento decretada por el Ejecutivo provincial.
La controversia se originó a partir de una resolución oficial dictada el 12 de febrero de 2026, mediante la cual el Gobierno de Río Negro dispuso el cierre de la institución argumentando deficiencias en el suministro hídrico. Ante dicha medida, la comunidad impulsó una acción de amparo que derivó en un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, tribunal que determinó la falsedad de los argumentos administrativos y ordenó restablecer el servicio educativo en el paraje rural. El vencimiento de los plazos otorgados por la magistratura sin que se efectivizara la vuelta a las aulas motivó la movilización directa hacia la sede regional del organismo educativo.
El reclamo de las Familias de Cerro Alto
Durante el encuentro con el delegado regional Santiago Velazquez y la subdelegada Valeria Olagüe, las partes firmaron un acta compromiso que contempla la solicitud de una audiencia urgente con la titular de la cartera educativa provincial. Tras la gestión oficial, la dirigente de la comisión directiva provincial de UnTER, Adriana Lizaso, puntualizó en la sede gremial de la calle Elflein el alcance del documento acordado.
«Las familias le solicitan a la ministra de Educación que en el lapso más corto posible se hiciera una reunión en el mismo predio de la Escuela 152 de Cerro Alto.», dijo Adriana Lizaso.
El gremio docente ratificó que las causales argumentadas por el Poder Ejecutivo para justificar la inactividad del inmueble carecen de sustento fáctico, toda vez que durante las inspecciones sindicales se constató la operatividad de los servicios sanitarios y el abastecimiento normal de agua. Según las estimaciones de UnTER, la reasignación de partidas docentes a otros establecimientos y la permanencia parcial del personal de servicio de apoyo demuestran que la medida no obedece a razones presupuestarias ni pedagógicas, sosteniendo que la clausura encubre intereses territoriales vinculados a la actividad extractiva en la zona. Lizaso remarcó que el incumplimiento del fallo judicial coloca a la administración pública rionegrina en una posición de desacato frente a las resoluciones emitidas por el máximo tribunal provincial:
«El Superior Tribunal de Justicia dictaminó que esa escuela tiene que abrirse y ya vencieron los plazos.»
Las repercusiones operativas del cierre obligaron a los integrantes de las Familias de Cerro Alto a reestructurar de manera intempestiva su dinámica cotidiana y laboral. Silvia, madre de dos estudiantes radicada a tres kilómetros del establecimiento, debió trasladar a su hijo menor a la escuela de Corralito, lo que implica realizar diariamente más de 50 kilómetros en cuatro tramos consecutivos. A esta complicación logística se suma el incumplimiento de los compromisos de asistencia técnica asumidos oportunamente por la delegación escolar en materia de transporte. Respecto al esquema de traslados estipulado por las autoridades, Silvia detalló las falencias del servicio brindado:
«El compromiso del Consejo era que por un año tenía el transporte de todos los días. Solo le dieron lunes y viernes.»
La madre expuso la urgencia de restablecer las clases en el paraje original para evitar la interrupción definitiva del vínculo pedagógico de los niños con su entorno comunitario: «Volvimos esperando que nos den pronto una respuesta porque es muy necesario para nosotros que la escuela pueda abrir.»
El trastorno ocasionado por la inactividad escolar alcanzó dimensiones económicas críticas para las familias dedicadas a la producción ganadera de menor escala. Anahí, pobladora del paraje Coquelén ubicada a 30 kilómetros de la Escuela 152, se vio forzada a desplazarse más de 60 kilómetros para alquilar una vivienda en la localidad de Comallo, alterando por completo su esquema de subsistencia rural. Al describir las circunstancias que la obligaron a abandonar temporariamente su establecimiento productivo tras la notificación previa al inicio del ciclo lectivo, Anahí explicó:
«Tuvimos que irnos de nuestro lugar del campo a alquilar a Comallo, que nos queda a más de 60 kilómetros.
Somos pequeños crianceros, vivimos de eso y se nos hace muy difícil el día a día estar en el pueblo.», señaló Anahí.
La alteración del hábitat tradicional afectó directamente el sostenimiento de las economías familiares de subsistencia. Las familias fundamentan sus peticiones en los derechos constitucionales garantizados por las sentencias judiciales vigentes, exigiendo que las autoridades de la Zona Andina adecuen sus actuaciones administrativas a lo resuelto por los magistrados. Anahí concluyó la presentación del reclamo en Bariloche remarcando la legitimidad de la demanda comunitaria:
«Necesitamos que abran la escuela y necesitamos que cumplan con esto que está diciendo la justicia.»
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