El personal del Hotel Islas Malvinas de Bariloche analiza profundizar las medidas de fuerza mediante el emplazamiento de una acción directa sobre la infraestructura edilicia, ante la inminente finalización de las prestaciones laborales dispuesta para el próximo 30 de noviembre por las autoridades nacionales. Esta drástica alternativa surge frente a la falta de respuestas gubernamentales que compromete el sustento de 24 familias que se desempeñan operativamente en la dependencia local, la cual permanece inactiva por orden del mando naval a pesar de registrar niveles óptimos de demanda comercial en la alta temporada.
Durante una entrevista brindada al programa radiofónico «Comenzando La Mañana» de Bariloche En Redes, el empleado del hotel y delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Alejandro Nayen, expuso la determinación del colectivo laboral ante la ausencia total de negociaciones orientadas a revertir las cesantías. En el espacio periodístico, el representante gremial afirmó que el grupo de trabajadores evalúa la ocupación del inmueble como una instancia legítima para defender el derecho al trabajo y asegurar la preservación del patrimonio público.

«No lo vamos a descartar. Si no nos dan respuesta vamos a tener que accionar, porque nosotros queremos seguir trabajando, queremos continuar con nuestras fuentes laborales.», dijo Alejandro Nayen.
Conflicto en el Hotel Islas Malvinas
La tensión institucional dentro del establecimiento se incrementó notablemente durante las últimas horas con el arribo de efectivos pertenecientes a la Armada Argentina, quienes habrían sido destinados al predio para asumir las tareas correspondientes a la plantilla civil vulnerada. Esta maniobra de reemplazo operativo se suma al desmantelamiento progresivo de las actividades de esparcimiento en la región, según precisó Nayen durante la transmisión al señalar que llegaron siete personas, entre soldados voluntarios o marineros, para cubrir los puestos que realizaban los trabajadores.
La interrupción de las actividades de alojamiento se ejecutó de forma intempestiva hace más de sesenta días por disposición de las autoridades de la fuerza armada, obligando al personal a gestionar la cancelación de un importante volumen de plazas que contaban con depósitos confirmados de cara a la temporada primaveral. El referente sindical explicó en el medio radial los alcances técnicos de la infraestructura afectada y el impacto directo ocasionado sobre los usuarios que utilizaban regularmente el predio.

«El hotel en este momento se encuentra cerrado hace ya más de dos meses. Cuenta con 43 habitaciones, una capacidad para 100 personas y tuvimos que devolver reservas.», detalló el delegado.
La medida oficial trasciende la coyuntura de San Carlos de Bariloche, inscribiéndose en un proceso generalizado de restructuración que comprende a 14 complejos turísticos, 31 farmacias y nueve delegaciones de la obra social en todo el territorio argentino, lo que coloca en riesgo inminente a 1.450 puestos de trabajo en el ámbito estatal. Adicionalmente, el cierre anunciado de la sede rionegrina del organismo dejará sin atención presencial a más de 2.000 afiliados locales que deberán canalizar sus prestaciones médicas de manera digital desde la provincia de Neuquén.
Frente a la gravedad de los acontecimientos, los representantes de la Asociación Trabajadores del Estado gestionaron instancias formales de concertación ante los organismos nacionales para exigir la reincorporación de los damnificados y garantizar el cumplimiento de las normativas de empleo público. Sin embargo, las autoridades ministeriales optaron por desconocer los compromisos previos alcanzados con las cúpulas sindicales centralizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nayen explicó que hace dos semanas viajaron a Buenos Aires, estuvieron en el Ministerio de Defensa y se había conseguido una reunión, pero enviaron una notificación desconociendo a la planta y rechazaron el encuentro. La nómina afectada en la localidad andina incluye a trabajadores con un promedio de antigüedad laboral de entre 10 y 40 años, cuya relación contractual con el Estado nacional se vio severamente deteriorada debido a la depreciación progresiva del poder adquisitivo en el sector público. El dirigente puntualizó que la mayoría de los trabajadores percibe un sueldo promedio de 950 mil a un millón de pesos, mientras que el personal más antiguo alcanza un millón y medio.
El conjunto de agentes afectados anticipó su participación en una movilización federal planificada para la próxima semana en Buenos Aires, donde se resolverá el endurecimiento del plan de lucha. De persistir el hermetismo gubernamental y no alcanzarse una solución que garantice la continuidad de los puestos de trabajo, la toma del establecimiento se erige como la acción orientada a salvaguardar la fuente laboral y exigir transparencia pública.





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