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Diputado Mango exige que Joe Lewis no ingrese al país por condena

La posibilidad de que el magnate Joe Lewis no pueda pisar suelo argentino se vuelve un tema central en el debate público. Un legislador rionegrino ha puesto el foco en la Dirección Nacional de Migraciones, instando a aplicar la ley sin privilegios. La controversia surge por una condena en Estados Unidos y la percepción de que las normativas migratorias podrían aplicarse de forma desigual, generando interrogantes sobre la transparencia y la igualdad ante la ley para todos, sin importar su poder económico.
Joe Lewis no ingrese

El diputado nacional por Río Negro, Marcelo Mango, ha impulsado una relevante iniciativa legislativa en la Cámara de Diputados de la Nación. En ella, Diputado Marcelo Mango exige que la Dirección Nacional de Migraciones que el magnate británico Joe Lewis no ingrese a la Argentina, fundamentándose en su condena por fraude y conspiración en los Estados Unidos. Esta acción subraya la imperiosa necesidad de aplicar la ley migratoria argentina con estricta igualdad para todos los individuos, sin distinción de su poder económico o procedencia, un principio fundamental para la cohesión social y la transparencia pública. La medida se enmarca en la Ley de Migraciones 25.871, la cual, tras su modificación por el actual gobierno, establece que un extranjero condenado por delitos no puede ingresar ni permanecer en el territorio nacional.

La Condena de Joe Lewis y la Injerencia del Indulto

La condena contra Joe Lewis, dictada el 4 de abril de 2024 en los Estados Unidos, lo encontró culpable de conspiración para cometer fraude y fraude, delitos que el propio magnate reconoció, resultando en una pena con sentencia firme y una multa de cinco millones de dólares. Si bien Lewis fue indultado por el entonces presidente Donald Trump, el diputado Mango enfatiza que:

«Dicho indulto no tiene ninguna injerencia en el cumplimiento de la legislación argentina, la cual se centra en la existencia de una condena, no en posibles clemencias externas.»

Por consiguiente, el proyecto presentado por el legislador rionegrino busca, en primer lugar, que la Dirección de Migraciones informe si Lewis ha ingresado al país desde la fecha de su condena y si existe alguna excepción particular dictada por el Poder Ejecutivo Nacional. En segundo término, y de confirmarse la situación, se exige que se tomen las medidas necesarias para impedir su ingreso a la Argentina, reafirmando el principio de que:

«La ley debe ser igual para todos, sin dobles varas que beneficien a los poderosos mientras se endurecen los requisitos para migrantes con menos recursos.»

Que Joe Lewis no ingrese al país y que la ley se aplique sin excepciones

El diputado, quien asumió su banca en diciembre, ha manifestado su preocupación por la percepción de una ley que se muestra inflexible con los migrantes de países limítrofes o trabajadores con pocos recursos, pero flexible con los magnates. Esta disparidad, según sus palabras, resiente profundamente la sociedad y socava la confianza en las instituciones. La iniciativa de Mango ha generado considerable repercusión en los medios de la región de Bariloche y la Comarca Andina, un reflejo del interés público en la aplicación equitativa de la justicia, especialmente en casos que involucran figuras con intereses arraigados en la Patagonia, como los de Joe Lewis en Lago Escondido. El legislador también señaló la cercanía del gobierno provincial con los intereses del magnate, lo cual añade una capa de complejidad al debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

El Proyecto en Marcha y el Rol del Legislador

El proyecto, que ya cuenta con estado parlamentario en la Cámara de Diputados, iniciará su tratamiento en las comisiones pertinentes, con la expectativa de obtener una respuesta clara y acciones concretas por parte de la Dirección Nacional de Migraciones. Mango, quien además integra las comisiones de Energía y Combustibles, Educación, Legislación General y Recursos Naturales –donde se aborda la Ley de Glaciares–, se posiciona como un actor clave en la defensa de la soberanía y la igualdad ante la ley, promoviendo un debate necesario sobre cómo se aplican las normativas a todos los ciudadanos, sin excepciones por privilegio.

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