El Consejo de la Magistratura destituyó al juez Gustavo Guerra Labayén, de la Cámara del Trabajo de Viedma, por unanimidad. La destitución del juez Guerra Labayén se decidió tras un proceso disciplinario que reveló incumplimientos reiterados en el dictado de sentencias dentro de los plazos legales. Además, se le inhabilitó por cinco años para ocupar otro cargo judicial.
El juicio político analizó hechos ocurridos entre marzo de 2023 y febrero de 2024. Durante este período, se comprobó que el magistrado acumuló veinticinco causas con plazo vencido para fallar. De estas, diecisiete formaron parte del primer hecho reprochable: el atraso sistemático en la emisión de sentencias definitivas. Asimismo, se identificaron ocho expedientes donde se configuró la pérdida de competencia. El Consejo señaló que estas pérdidas de jurisdicción representan un quiebre institucional que va más allá de un simple atraso.
El magistrado reconoció los atrasos, pero intentó justificarlos bajo el argumento de buscar calidad técnica y excelencia en las resoluciones. Esta justificación fue rechazada enfáticamente. Según la sentencia, el tiempo adicional para elaborar sentencias no garantiza su irrecurribilidad y debe alinearse con la obligación de dictarlas en tiempo y forma.
Destitución del juez Guerra Labayén
La resolución subrayó la falta de reflexión y arrepentimiento del enjuiciado. A pesar de las advertencias y recomendaciones de la Auditoría Judicial, el magistrado no adoptó medidas para normalizar la situación hasta que fue sometido al proceso disciplinario. Los testimonios durante el debate reflejaron las demoras significativas y los intentos fallidos de otros miembros de la Cámara para revertirlas.
El Consejo advirtió que la conducta desapegada del procedimiento y sus plazos legales afecta al servicio de justicia. Esto tiene un impacto negativo en los justiciables y en la sociedad. Las causas laborales involucradas tienen un carácter alimentario, y las demoras prolongadas vulneran derechos fundamentales de los trabajadores.
El análisis final del órgano disciplinario concluyó que los hechos probados evidencian un apartamiento grave de las obligaciones constitucionales y legales de un magistrado. La falta de arrepentimiento y reflexión sobre su responsabilidad institucional fueron razones suficientes para determinar que Guerra Labayén perdió la idoneidad necesaria para el cargo. Así, el Consejo de la Magistratura decidió su destitución e inhabilitación por cinco años para ocupar otro cargo judicial.
