La Defensoría del Pueblo de Bariloche presentó un informe ambiental preliminar que detalla la crítica situación del Vertedero Municipal de San Carlos de Bariloche. Desde septiembre de 2025, la institución ha priorizado esta problemática. El informe de 17 páginas subraya la urgencia de una gestión integral de residuos.
La intervención de la Defensoría inició el 22 de septiembre de 2025, tras una solicitud vecinal. Residentes de barrios aledaños demandaron el cumplimiento de la Ordenanza 3349-CM-22, que dispone el cierre definitivo del Centro de Residuos Urbanos Municipal (CRUM). La Defensoría formalizó su abocamiento el 29 de septiembre.
Inicialmente, la Defensoría solicitó informes a áreas municipales y a Rowing S.A. Se requirió información sobre la situación social de los recuperadores y el vínculo contractual con la empresa. Guillermo Cabral, de Promoción Social, indicó 110 personas activas en el vertedero en agosto de 2025, un aumento desde 86 a fines de 2023. El Dr. Mauricio Gastón Martínez, apoderado de Rowing S.A., informó que la empresa solo provee equipos pesados y personal, sin injerencia en mitigación ambiental.
Ante la falta de respuestas de la Intendencia, la Defensoría convocó una Mesa de Incidencia el 3 de noviembre. En este encuentro, concejales y vecinos expusieron las condiciones críticas del predio y la afectación a la salud. La persistencia de la problemática y la inacción municipal llevaron a la Defensoría a escalar sus acciones, informando al Tribunal de Contralor y al Concejo Municipal en noviembre.
La Defensoría del Pueblo presentó incumplimientos y riesgos
Un informe técnico de la Subsecretaría de Planeamiento y Sustentabilidad Urbana planteó la regionalización de la disposición final de RSU, proponiendo nuevas ubicaciones y una estación de transferencia. La ### Defensoría del Pueblo presenta un informe preliminar de relevamiento social del 19 de noviembre. Este estudio censó a 108 personas recuperando recursos en el vertedero en septiembre de 2025. El 60% eran hombres, con una edad promedio de 42 años; el 80% vende lo recuperado, y el 60% lo utiliza o consume.
Ese mismo día, un segundo encuentro de la Mesa de Incidencia reunió a concejales, autoridades universitarias y funcionarios para evaluar responsabilidades y acordar pasos operativos. El informe de la Defensoría concluye que el vertedero funciona como un basural a cielo abierto, incumpliendo la Ordenanza 3349-CM-22. Esto genera graves afectaciones ambientales: humo tóxico, olores, plagas e incendios recurrentes. Los riesgos sanitarios para recolectores y vecinos son significativos.
El documento cita el Artículo 41 de la Constitución Nacional y diversas leyes y ordenanzas que garantizan el derecho a un ambiente sano y la gestión integral de residuos. La obra de ingeniería financiada por el BID en 2013, que incluía un relleno sanitario y planta de separación, caducó en solo tres años por mal uso y alta producción de residuos. Rowing S.A. ha sido contratada periódicamente hasta marzo de 2026 para el mantenimiento, pese a su declaración de no injerencia ambiental.
Urgente llamado a la acción para la gestión de RSU
La Defensoría de Bariloche presenta una conclusión contundente: el vertedero de Bariloche opera sin barreras físicas ni información pública sobre su capacidad o gestión. Esta situación refleja una alarmante discontinuidad en las políticas públicas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), a pesar de la existencia de un plan completo (Ordenanza 2062/10). La inacción en la gestión de RSU conlleva graves riesgos para la salud, el ambiente y el desarrollo de la región. El informe subraya la necesidad de un compromiso político y financiero inmediato y sostenido para el cierre, la remediación y la relocalización del vertedero. Las consecuencias pueden perdurar por años, incluso después de su eventual clausura. La Defensoría del Pueblo presentó un llamado urgente a las autoridades para asumir esta responsabilidad.
