El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad de la Universidad Nacional de Río Negro (CIETES-UNRN), junto al Instituto de Gestión de Ciudades (IGC) y el Concejo Deliberante, convocan a la comunidad a debatir sobre la Carta Orgánica de Bariloche. La iniciativa, denominada “Carta en Común”, busca generar un espacio de participación ciudadana para reflexionar sobre el modelo de ciudad actual y los acuerdos fundamentales para el futuro.
Hacia una nueva Carta Orgánica de Bariloche
La actividad se realizará el próximo miércoles 9 de septiembre, de 18:00 a 20:30, en la sede del ex Puerto San Carlos. El encuentro surge ante las transformaciones sociales y urbanas que ha experimentado la localidad en las últimas décadas. Durante la jornada, los vecinos trabajarán en la elaboración de una agenda de temas prioritarios que orientará las etapas siguientes del proceso participativo.

«La Carta Orgánica representa mucho más que un mero conjunto de normas jurídicas, funcionando como la herramienta institucional para fijar un nuevo pacto social y comunitario entre toda la ciudadanía», expresaron desde las instituciones organizadoras.
El taller estará coordinado por el especialista Roberto Monteverde, acompañado por un equipo de investigadores del IGC y el CIETES-UNRN. Esta propuesta es la primera acción del programa Carta en Común, un proceso integral que incluirá diversos encuentros, microtalleres territoriales, entrevistas y consultas abiertas. La intención es sistematizar todos los aportes ciudadanos para que sirvan como insumo fundamental en el debate sobre la actualización de la Carta Orgánica de Bariloche.
El programa contempla además la recepción formal de propuestas presentadas por organizaciones e instituciones intermedias. Quienes deseen participar de esta instancia inicial pueden realizar su inscripción previa mediante el enlace https://forms.gle/joa7E5xAaPcupzD67. La información reunida será procesada por los equipos técnicos para consolidar las bases del futuro marco normativo local, garantizando que el proceso de reforma cuente con una amplia legitimidad social y represente las necesidades reales de los habitantes de la ciudad.
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