El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, ha lanzado una advertencia clara a los gobernadores provinciales al exigir que “no sean cómplices del ajuste nacional”. Esta declaración surge en la antesala de una reunión crucial que el presidente Javier Milei mantendrá con la mayoría de los gobernadores este jueves. Según Aguiar, el ajuste que ya se ha implementado a nivel nacional ahora se trasladará a las provincias, lo que podría tener consecuencias devastadoras para las economías regionales.
ATE advierte sobre el impacto del ajuste en las provincias
En sus declaraciones, Rodolfo Aguiar enfatizó que el llamado Pacto de Mayo podría profundizar el ajuste en los distritos provinciales y municipales. Cumplir con este pacto implicaría un severo recorte del gasto público en las provincias, lo cual no solo se traduciría en recortes salariales y despidos, sino también en la destrucción de las economías regionales, ya de por sí deterioradas. Aguiar argumenta que en el Estado nacional ya no queda nada por recortar y que ahora, el foco se desplazará hacia las provincias.
El contexto económico y político actual es complicado. El Consejo de Mayo, liderado por el presidente Milei, busca reducir el gasto público consolidado del 40% a un 25%, según valores de noviembre de 2023. De esta reducción, 10 puntos porcentuales afectarían directamente a las provincias y municipios. Esta política ha generado preocupación entre los líderes provinciales y organizaciones como ATE, que ven en estas medidas un riesgo para la estabilidad económica y social de las regiones.
Consecuencias y desafíos para los gobernadores provinciales
Rodolfo Aguiar ha sido enfático al señalar que Milei gobierna desde Buenos Aires, pero que las riquezas están distribuidas en los distritos provinciales. Aguiar advirtió que los gobernadores no deben justificar estas medidas en nombre de la gobernabilidad, ya que podrían estar permitiendo una administración que no garantiza derechos a los ciudadanos. Además, en 2024, las transferencias no automáticas a las provincias han disminuido un 79% en términos reales, afectando fondos cruciales como el de Incentivo Docente y el de transporte. Este escenario plantea un desafío significativo para los gobernadores, quienes deberán encontrar un equilibrio entre las demandas del gobierno nacional y las necesidades de sus ciudadanos.
